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Odebrecht en Perú: crónicas de investigación estructurada
Fue al principio el mayor caso de corrupción revelada en la historia de Brasil; su dramático desarrollo galvanizó a la nación. Pronto, el caso Lava Jato se extendió por Latinoamérica y planteó enormes desafíos investigativos. Integrado en la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, un grupo de periodistas latinoamericanos coordinó reportajes, fuentes, informaciones y logró efectos resonantes. Hoy, seis años después, esta es la crónica de cómo investigó la Red los casos de corrupción en los niveles más altos de poder, y la investigación del caso Lava Jato de IDL-Reporteros en el Perú.
El 22 de marzo de 2016, Marcelo Odebrecht fue sentenciado por el entonces juez federal con asiento en Curitiba, Sergio Moro, a 19 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Y en la misma fecha, la compañía Odebrecht, en una posición de creciente e irreversible precariedad, capituló formalmente y solicitó como empresa entrar en negociación con las autoridades.
Este fue un punto de inflexión decisivo en el caso Lava Jato. Consciente de que en las delaciones premiadas rige el mismo principio que en los botes salvavidas insuficientes de un barco —al comienzo hay sitio, después cada vez menos—, Marcelo Odebrecht planificó, con típica minuciosidad y espíritu competitivo, su delación. Si los demás habían efectuado hasta ese momento delaciones personales, Odebrecht se preparó para hacerlo corporativamente.
Fue un triunfo extraordinario para los procuradores, policías federales (y el juez Moro), luego de meses de confrontación en los que el resultado —como hemos visto— no estuvo, sobre todo al comienzo, garantizado.
En términos de la lucha anticorrupción fue un paso sin precedentes. La promesa de revelaciones no solo era inmensa, sino que el conocimiento detallado de los mecanismos de corrupción público-privado en los más altos niveles políticos y corporativos en Brasil y Latinoamérica, permitiría diagnósticos precisos y, quizá, remedios permanentes.
En país tras país de América Latina, la confianza que había existido en la declaración de omertá de Marcelo Odebrecht se pulverizó. La reemplazó el miedo, la búsqueda ansiosa de coartadas, de vías precipitadas de escape y, sobre todo, de rabia y odio infinitos hacia la empresa con la que habían lucrado y delinquido, y que ahora, para salvarse, los expondría ante la opinión pública. De un momento a otro, los socios y áulicos de ayer se convirtieron en los enemigos implacables de hoy.
¿Hubo algún factor que catalizó la súbita decisión de Odebrecht? Hubo un hecho que acaso adelantó decisiones. La Policía Federal acababa de sacar a la luz al aparato clandestino de la compañía: el Sector de Operaciones Estructuradas. Fue una empleada del sector, Maria Lúcia Tavares, ya detenida, pero que se mantenía en silencio, que se acogió a la delación premiada y explicó en detalle y con planillas cómo funcionaba el sector. La suerte quedó echada, Odebrecht izó la bandera blanca y se organizó para contar su historia y tratar de sobrevivir.
La decisión de Odebrecht de entrar en delación premiada corporativa cambió las estrategias del portal peruano de investigación periodística, IDL-R, y de la llamada Red de Periodismo de Investigación Estructurado en desarrollo.
El proceso de delación se iba a realizar en Brasil. El mayor interés de los procuradores brasileños era, naturalmente, concentrarse en los delitos cometidos en su país. Las preguntas sobre lo perpetrado en otras naciones no iban a ser lo suficientemente informadas, cuando ocurrieran. La cooperación con otras naciones se daría con sus homólogos institucionales. ¿Y cuántos de ellos tenían interés en esclarecer los hechos de su propio país? Muy pocos.
La experiencia en investigar corruptos con poder en Latinoamérica, con instituciones policiales, fiscales y judiciales contaminadas, nos hizo prever los siguientes escenarios.
Primero, se iba a tratar de canalizar el intercambio de información exclusivamente a través de la cooperación fiscal, que acentuaría intencionalmente su proverbial lentitud, su inacabable formalismo y las incompatibilidades legales. Aparte de ello, se trataría que la información permanezca reservada todo el tiempo posible… excepto en el caso de enemigos políticos o de aquellos que sirvan como chivos expiatorios.
Segundo, se buscaría también concentrar indignaciones y culpas en Odebrecht. Castigarla al máximo, inhabilitarla, convertirla en paria y réproba; y tratar de no aceptar los términos de lenidad negociados en Brasil. Eso daría respiro, tiempo y quizá impunidad a los cómplices de Odebrecht y a sus recientes sobornados.
Tercero, las maquinarias de escándalos dirigidos y encubrimientos tradicionales ya funcionaban. En Perú, una comisión investigadora del Congreso, presidida por el representante Juan Pari, emitió un dictamen el 27 de junio de 2016, firmado por este, con hallazgos contundentes que comprometían gravemente a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. IDL-R lo publicó completo.
A partir de entonces, la desinformación jugó un papel central en el caso. Lo cual hacía imperativo publicar información no solo verdadera sino con gran impacto; y cubrir no solo el caso sino también a los fiscales, jueces y policías vinculados con su investigación a través de un esfuerzo periodístico compartido.
El avance colaborativo en la investigación estaba bien encaminado desde varios meses atrás. Un estímulo constante en proseguir y desarrollar esa colaboración provino de María Teresa Ronderos, desde Londres. Entre 2014 y diciembre de 2018, Ronderos fue directora del Independent Journalism Program de la Open Society Foundations. En esa posición, crucial y determinante para respaldar y, en muchos casos, hacer posible el periodismo de investigación independiente en las partes del mundo que más lo necesitaban, Ronderos empeñó un esfuerzo constante en persuadir a las organizaciones que la OSF apoyaba (IDL-R una de ellas), para fortalecerse a través de la colaboración entre pares.
En agosto de 2016, Hugo Alconada Mon, de LA NACION; y Joseph Poliszuk, de Armando.info, de Venezuela, se integraron a la Red.
En noviembre de ese año, a partir de una nota que IDL-R publicó sobre Léo Pinhero, pudimos colaborar con Alberto Arellano, de Ciper, de Chile. El 11 de noviembre, Arellano relató cómo OAS le dio un avión durante tres meses y casi 60 millones de dólares para la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami. OAS tenía intereses empresariales en Chile, revelados en el celular capturado de Pinheiro.
En diciembre de 2016, cuatro miembros de la Red: Rolando Rodríguez, Joseph Poliszuk, Romina Mella y Gustavo Gorriti, viajaron por una semana a Curitiba y Brasilia. En ambas ciudades —y después en otras donde hubo contacto con fuentes brasileñas— buscaron, a través de muchas entrevistas con personas vinculadas con el caso, tener la mayor información posible sobre la delación corporativa que apenas había empezado, pero ya tenía logros importantes. Conseguimos mucha información, que se fue actualizando luego con los meses, pero todavía no el objetivo central, que era conseguir las actas y, sobre todo, los vídeos de los interrogatorios.
El 15 de diciembre, por ejemplo, un Jorge Barata muy desacostumbrado a la delación, fue interrogado en Bahía por los procuradores João Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio. Ahí contó lo que le era más cómodo revelar: cómo recibió la orden de entregar tres millones de dólares para la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011. Barata se había opuesto, pero la orden de Marcelo Odebrecht, que actuó a pedido del PT, de Lula, fue terminante.
Supimos sobre eso y varias otras cosas, pero regresamos sin los videos.
Entre tanto, IDL-R pudo transmitir a Hugo Alconada Mon documentos que detallaron pagos efectuados por el doleiro brasileño Leonardo Meirelles a una cuenta bancaria de Gustavo Arribas, muy cercano del entonces presidente Mauricio Macri, y, lo más importante, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (exSIDE) de Argentina.
Alconada Mon investigó a fondo la información, la corroboró y amplió antes de publicar su primera nota sobre el tema: ‘Un operador de Odebrecht le giró US$600.000 al jefe de inteligencia argentino’, y continuó luego con otras revelaciones. Se sabría, años después, que en aquel momento comenzaron a espiarlo a él y a su familia, rastreando su patrimonio y siguiéndolo por la calle. ¿Objetivo? Identificar sus fuentes.
Pero la Red ya funcionaba en forma potente con base en las fuentes que ya teníamos. Solo La Prensa, de Panamá, publicó ocho notas importantes sobre el caso Lava Jato durante el último mes del año. Poliszuk, de Armando.info, documentó cómo Odebrecht había financiado la campaña presidencial de Hugo Chávez. Luego consiguió varias otras notables revelaciones.
En mayo de 2017, la Red se presentó por primera vez como la “Red de Periodismo de Investigación Estructurado”. Fue en una nota de Rolando Rodríguez, publicada en conjunto por La Prensa e IDL-R: “Odebrecht donó a campaña de Arias 16 millones de dólares”.
Ese mismo mes, Guilherme Amado, que trabajaba entonces para O Globo y ahora es columnista en Metrópoles, consiguió a través de fuentes reservadas, todo el material de la delación corporativa de Odebrecht sobre sus delitos fuera de Brasil, que se mantenía hasta entonces en secreto. Conseguirlo fue una hazaña periodística de Amado.
El material fue descargado en forma segura poco después por miembros de la Red. La premisa inicial fue revisar el material, reunir información, pero no publicar los vídeos y documentos. El proceso, de hacer las traducciones, interpretar y relacionar documentos, cruzar información, fue complejo. Diferente en cada caso y país, pero enriquecedor en todos.
El 13 de agosto de 2017 Quinto Elemento Lab publicó “El expediente secreto de Odebrecht en México”, en simultáneo con Aristegui Noticias y la revista Proceso. Tuvo un fortísimo impacto.
El material sobre Ecuador era diverso y muy interesante. Comprometió al entonces contralor general de Ecuador, Carlos Polit; y al vicepresidente, Jorge Glas. Ambos habían recibido coimas de Odebrecht. Hubo una tercera nota que corroboró, en un entramado de grabaciones subrepticias e intrigas, la entrega de las coimas.
Después de esas publicaciones, IDL-R colaboró por corto tiempo con Christian Zurita y Fernando Villavicencio, entonces exiliado en Lima, en una investigación sobre el contrato de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, durante el gobierno de Rafael Correa. Y a partir de entonces la colaboración fue con Mónica Almeyda, quien desde ese momento forma parte de la Red.
Fabián Werner y Darío Klein, de Sudestada, de Uruguay, que se incorporaron a la Red en 2017, publicaron varias investigaciones sobre cómo el sistema financiero uruguayo fue utilizado para lavar los sobornos de Odebrecht. Gerardo Reyes, de Univisión, se incorporó desde Estados Unidos en colaboración con la Red en enero de 2018. Poco después colaboramos con periodistas de un medio nuevo en Colombia: Cuestión Pública. Y en 2022, Maria Teresa Ronderos y el equipo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) se sumaron a la Red para la cobertura del caso Lava Jato.
Además de revelar datos desconocidos y aportar evidencias en los tribunales durante los últimos años, el análisis periodístico conjunto del comportamiento de Odebrecht en América Latina arrojó datos singulares: en todos los países se corroboró que la compañía admitió sobornos por cifras más bajas de las que surgieron de las investigaciones periodísticas y las confesiones volcadas en expedientes judiciales.
También, que las condenas dispuestas en algunos países no se correlacionaron con el recupero de activos. Ese es el caso de Ecuador, por ejemplo, que no recuperó un centavo de los corruptos. Integra el peor pelotón junto a la Argentina, Venezuela y México, cuyos sistemas judiciales y administrativos tampoco lograron que Odebrecht, ni los coimeros, devuelvan dinero mal habido.
El trabajo periodístico conjunto también expuso fuertes contrastes en la actuación judicial. La Argentina, Venezuela y México quedaron muy lejos de los índices de condenas registrados en Brasil —cuna judicial del Lava Jato—, y de Perú, que acumula ya 22 funcionarios, empresarios, intermediarios, cambistas ilegales y otros involucrados con condenas. Incluso se encuentran por detrás de Panamá, Colombia y Ecuador, con 18, 16 y 12 condenas, respectivamente.
¿Ha valido la pena el esfuerzo inmenso de Lava Jato ahora que se ve cómo y cuán rápido afloró el pantano? Estamos seguros de que sí.
Lo que movilizó con una intensidad sin precedentes a la gente, cuando se reveló mediante el periodismo de investigación y el trabajo de un puñado de fiscales y procuradores honestos, la real dimensión de la corrupción de Lava Jato, volverá a ocurrir, ojalá que sin pestes de por medio, cuando nuevas investigaciones demuestren la fuerza de la verdad expuesta y comprobada.
No fue nada fácil hacerlo en estos años, ni lo será después. Pero la experiencia de la red de periodismo de investigación quedará estructurada; y lo que fue un buen fin, será un buen comienzo.
* Este artículo forma parte de una serie sobre el caso Lava Jato en América Latina realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
** El Economista publica este contenido de la serie Viaje al centro de Lava Jato con autorización de IDL Reporteros (Perú) y de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.