Ofrecen justicia alterna a primerizos

Los primodelincuentes que hayan cometido un delito no grave bajo los influjos de alguna droga en la capital del país no irían a parar a prisión; en cambio, serían beneficiarios de un tratamiento terapéutico certificado y autorizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del DF y verificado por un juez en la materia.

De acuerdo con la iniciativa de ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones del DF, dada a conocer por la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, y el asambleísta Horacio Martínez, todas aquellas personas que hayan cometido un delito que no sea catalogado como grave (es decir, que la pena no sea mayor a cinco años); que no tengan registro de ilícitos anteriores; que acepten el tratamiento de forma voluntaria y bajo supervisión, además de garantizar la reparación del daño a la víctima, serán sometidos a esta ley que, entre otras cosas, propone que las adicciones deberán tratarse como un problema de salud pública.

Es una salida alterna que se otorga al probable responsable, con el fin de que se someta a un tratamiento condicionado a la supervisión judicial por parte del Tribunal de Tratamiento para las Adicciones , manifestó Barrales.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, se congratuló con la iniciativa, aunque reconoció que primero se deben garantizar los recursos para tener la infraestructura adecuada. Si no, vamos a pasar por el mismo ridículo de los jueces de ejecución de sentencias: sólo tenemos dos, cuando el proyecto consideraba 25 .

La iniciativa, que será presentada hoy en el pleno de la Asamblea Legislativa, propone crear un centro dará los servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento integral, así como consejos delegacionales para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y se instaurará la figura de jueces especializados en materia de adicciones.

El tratamiento tendrá una duración máxima de dos años y serán expulsados quienes den positivo o con aparición de consumo de sustancias adictivas en los exámenes antidoping, no acudan a las sesiones, posean armas o drogas y cometan algún delito mientras estén en tratamiento.

veronica.macias@eleconomista.mx