Lectura 3:00 min
Orden de detención para exgobernador
Después de casi tres lustros de que la periodista Lydia Cacho fue secuestrada, torturada y encarcelada, un tribunal federal giró una orden de aprehensión contra políticos y empresarios a quienes la periodista denunció en el 2005 como parte de una red de prostitución infantil, mediante una investigación periodística.
Después de casi tres lustros de que la periodista Lydia Cacho fue secuestrada, torturada y encarcelada, un tribunal federal giró una orden de aprehensión contra políticos y empresarios a quienes la periodista denunció en el 2005 como parte de una red de prostitución infantil, mediante una investigación periodística.
Se trata de Juan Sánchez Moreno, Hugo Adolfo Karam Beltrán, Mario Plutarco Marín Torres y José Kamel Nacif Borge, a quienes el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito les giró una orden de aprehensión y presentación ante un juez federal para responder sobre presumibles actos de tortura sobre la periodista.
La resolución del tribunal se dio después de la apelación que se interpuso ante la decisión del juez segundo de Distrito, del estado de Quintana Roo, que suspendió la orden de aprehensión en contra de los mismos imputados en noviembre del año pasado.
“Se libra orden de aprehensión (...) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura previsto en el artículo 3 y sancionado en el diverso numeral 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en términos del precepto 13, fracción IV y V del Código Penal Federal”, se precisa en la cédula de notificación sobre las órdenes de aprehensión.
La periodista se pronunció en sus redes sociales. Subió un video donde indica que después de publicar el libro Los demonios del Edén, en donde expone una presunta red de prostitución “que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales”, fue secuestrada, encarcelada y torturada.
La periodista recuerda que el año pasado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, emitió una resolución en contra del Estado mexicano que exige la reparación del daño integral y el reconocimiento de los crímenes de los cuales fue víctima.
“El último día del gobierno de Enrique Peña Nieto fui puesta bajo custodia de escoltas armados y se me entregó este chaleco antibalas reconociendo que mi vida está en riesgo por la falta de impartición de justicia”, puntualizó.
La también activista aseveró que no “será una mártir jamás (...) No me detendré a pesar del costo, hasta que todos y cada uno terminen en prisión porque el Estado de derecho es tuyo y mío, mientras tanto a mantenernos con vida”.
Hugo Adolfo Karam Beltrán, fue jefe de la Policía de Puebla; mientras que Juan Sánchez Moreno fungió como exdirector del ahora desaparecido grupo de mandamientos judiciales, durante la gestión de Mario Marín como gobernador.
En tanto que José Kamel Nacif Borge es un empresario de fábricas de textiles en el centro del país, entre otros negocios.
