Organizaciones civiles califican como "agresiva" la reforma para desaparecer a organismos autónomos

Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación y rechazo ante la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos, calificándola como una medida regresiva que afectaría la garantía de los derechos humanos y debilitaría los controles y contrapesos democráticos.

Las organizaciones de la sociedad civil que nos adherimos a este comunicado estamos particularmente preocupadas por la iniciativa que plantea la eliminación de cuatro órganos constitucionales autónomos y otros tres desconcentrados y descentralizados”, explicaron las organizaciones.

A través de un comunicado, 100 organizaciones de la sociedad civil – entre las que se encuentran Artículo 19, Data Cívica, Fundar, Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros – además de 856 periodistas, académicos y firmantes individuales, señalaron que la propuesta de transferir las funciones del Inai a la Secretaría de la Función Pública (SFP) resulta alarmante pues consideran que la dependencia del gobierno federal no cuenta con el mandato ni la independencia necesaria para cumplir con las tareas que actualmente desempeña el Instituto.

 “A la Secretaría de la Función Pública le corresponde verificar el correcto funcionamiento de la administración pública y de las personas servidoras públicas a nivel federal y se restringe al ámbito del Poder Ejecutivo. En este sentido, la desaparición del Inai implicaría la desaparición, en cadena, de los órganos garantes de transparencia de las distintas entidades federativas, poniendo en riesgo el sistema de transparencia del país y el derecho a saber de la sociedad en su conjunto”, se denunció en el texto.

Además, detallaron que la desaparición que propuso presidente López Obrador en la reforma enviada a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de febrero, no se garantizan ahorros significativos en las arcas del país, pues informaron que sólo el presupuesto del Inai representa el 0.01% del gasto total que tiene el Ejecutivo.

“Es indispensable que, más allá de promover la eliminación y desaparición de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren que dichos órganos cuenten con los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes. Asumir un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar los derechos humanos, para garantizar la transparencia y el combate a la corrupción busca robustecer y no atacar a las instituciones autónomas encargadas de su protección”, solicitaron los firmantes.