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PJF pide 826 millones de pesos en 2021 para proteger a jueces de atentados
Tras los ataques violentos a las autoridades judiciales, el PJF solicitó en su presupuesto del próximo año una partida especial de 826 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de garantizar la seguridad de jueces y magistrados.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó en su presupuesto del próximo año una partida especial de 826 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de garantizar la seguridad de jueces y magistrados.
El pasado 16 de junio fue asesinado, dentro de su domicilio en Colima, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, así como su esposa, Verónica Bajaras. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación cometieron el crimen.
En ese marco, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el Poder Judicial de la Federación (dentro del apartado Seguridad de jueces y magistrados), planteó que la inseguridad que durante décadas ha sumido al país en una crisis de violencia no ha sido ajena al Poder Judicial de la Federación.
“En el presente año sufrimos el atroz y cobarde homicidio de un Juez de Distrito, derivado de su compromiso con la impartición de justicia y de su colaboración en el combate a la delincuencia organizada. Este crimen contra el Estado no es un hecho aislado, pues debe considerarse en el marco de múltiples amenazas, tanto en público como en privado, a quienes dedican sus vidas a la impartición de justicia”, apuntó.
El PJF dijo que por ello tiene el reto de garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados, entendiendo que ello debe alcanzar, como mínimo, a todos aquéllos que se dedican a la materia penal.
“Sólo de este modo, la impartición de justicia quedará blindada frente a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de amedrentamiento y corrupción. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la imparcialidad de quienes juzgan se ve afectada cuando las y los jueces se desempeñan en entornos en los que su integridad y vida se ven amenazadas.
“Para ello, el Consejo está revisando y mejorando sus procedimientos de diagnóstico de riesgo y de asignación y supervisión de medidas de protección para jueces y magistrados, en aras de evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción prioritaria. No obstante, la dotación de recursos para cumplir este cometido es fundamental en esta tarea, pues la seguridad de quienes juzgan redunda, en última instancia, en el fortalecimiento de las labores de seguridad del Estado mismo. En atención a lo anterior, el presente proyecto de presupuesto prevé una asignación de 826 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la seguridad de jueces y magistrados”, argumentó.
Será la Cámara de Diputados, con facultad exclusiva de revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, quien determine si aprueba los recursos solicitados por el PJF para el 2021.
