Para enero, audiencia de extitular de Sedesol

Fue diferida para el 15 de enero la audiencia intermedia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pediría 21 años de prisión para la exsecretaria de Estado, Rosario “R”, por presunto ejercicio indebido del servicio público y ocasionar daño al erario federal por más de 5,073 millones de pesos en la operación denominada “Estafa Maestra”.

Dicha audiencia estaba programada para este 8 de diciembre en los juzgados del Reclusorio Sur, pero debido al aumento de contagios de Covid-19, ésta fue reprogramada.

Únicamente se llevó a cabo una sesión en la que participaron agentes del Ministerio Público federal y la defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu, en la que un juez fijó para el 15 de enero del 2021 la nueva audiencia.

El pasado 6 de noviembre, un juez federal giró orden de aprehensión contra Rosario “R” por lavado y delincuencia organizada, y el día 23, su defensa dio a conocer que buscaría un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, a efecto de colaborar en la investigación.

Caso Ayotzinapa

Un tribunal federal dejó sin afecto una orden de aprehensión en contra del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ordenó al juez tercero de distrito de procesos penales federales con sede en el Estado de México reponer el procedimiento en su contra por violación al debido proceso.

La resolución, sin embargo, no implica la libertad del exmunícipe postulado por el PRD, quien continuará preso en el Centro Federal de Rehabilitación Social 1 Altiplano, Edomex.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México concedió un amparo a Abarca para que dicho juez reponga el procedimiento en su contra, por lo que se dejó sin efecto el auto de formal prisión de noviembre del 2015 por dichos delitos.

El Juzgado Tercero deberá tomar nuevamente declaraciones ministeriales de Abarca y los testigos protegidos de la FGR, y emitir una nueva resolución judicial. Cabe destacar que el exmunícipe y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en 2015, luego de que la entonces PGR los vinculó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en el 2014.