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Pemex y UIF piden a Lozoya 30 millones de dólares por acuerdo reparatorio
Durante un encuentro realizado en el Reclusorio Norte, el juez de control, Gerardo Alarcón López, decidió aplazar esta audiencia intermedia debido a que la parte acusadora incrementó, sin fundamento, el monto del acuerdo reparatorio para que el exdirector de Pemex logre llevar su proceso en libertad.
Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), decidieron incrementar en 200% (30 millones de dólares) el monto de la reparación del daño por el desfalco en el caso Odebrecht y Agronitrogenados; Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera y los representantes legales del gobierno no lograron llegar a un acuerdo, por lo que la audiencia por el caso fue diferida hasta el 31 de agosto.
Durante un encuentro realizado en el Reclusorio Norte, el juez de control, Gerardo Alarcón López, decidió aplazar esta audiencia intermedia debido a que la parte acusadora incrementó, sin fundamento, el monto del acuerdo reparatorio para que el exdirector de Pemex logre llevar su proceso en libertad.
Según lo expuesto por la defensa de Emilio Lozoya, Pemex y la UIF decidieron incrementar de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares el monto del acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht y Agronitrogenados, todo ello sin justificación aparente y sin tomar en cuenta, en al menos tres reuniones, a la Fiscalía General de la República.
Lo anterior, generó que el juez de control llamara a todas las partes a llegar a un acuerdo, además de instar a la Fiscalía General de la República (FGR) a que cumpla con sus obligaciones constitucionales y participe como ente investigador de la presunta compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y los sobornos de Odebrecht.
Durante su comparecencia, el exdirector de Pemex acusó al gobierno de querer extorsionarlo, pues calificó de exagerado el nuevo monto de la reparación del daño, al tiempo que su abogado, Miguel Ontiveros, señaló que este acto era ilegal, pues, sostuvo que los 10.7 millones de dólares ya habían sido aprobados por el Consejo de Administración de Pemex.
En la audiencia, Emilio Lozoya también sostuvo que la narrativa del gobierno es "falsa e inverosímil" y que lo que "piden es 200% más; lo que es inmoral, ilegal y raya en extorsión".
Interpondrán amparos
Sobre el tema, su abogado Miguel Ontiveros, advirtió que interpondría dos amparos ante la negativa del juez de declarar la prescripción de los delitos y por el reconocimiento del juez de la UIF y Pemex con personalidad legal para negociar.
Y es que, el juez Genaro Alarcón rechazó los argumentos de la defensa de Emilio Lozoya para que prescribiera el delito de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados, ya que han pasado casi 11 años desde que el exdirector de Pemex adquirió su residencia de Lomas de Bezares en la Ciudad de México y la cual supuestamente fue adquirida de manera ilícita, además, el juzgador negó la petición para que se expulsara del proceso judicial a Pemex y a la UIF.
Por otro lado, Miguel Ontiveros aseguró que Emilio Lozoya tenía problemas de salud desde su extradición de España a México, los cuales se han agravado por la situación de prisión preventiva que calificó de injustificada.
“Él desde su llegada a México, lo recordarán, venía de España con afectaciones importantes y estas se han agravado, esa es la realidad, se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible; no está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegítima”, dijo la defensa de Emilio Lozoya previo a la audiencia.
En tanto, también aseguró que su cliente estaba dispuesto a ser un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), para que pueda salir en libertad, ello sin importar que “Emilio no acepta haberse quedado con esos fondos ni haber obtenido recurso alguno, para resolver el problema de su familia, aceptó garantizar ese monto en calidad de reparación del daño y creemos que así va a ser”.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), es acusado por la FGR de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados y de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos en México.