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Política

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Pese a mecanismo, nueve periodistas fueron asesinados

“Planes de protección no son los adecuados en muchos de los casos”.

Incluso si los periodistas en México logran acceder a mecanismos de protección, derivado de que su vida se encuentra en riego por ejercer su profesión, éstos presentan deficiencias, ya que se han registrado muertes de comunicadores, como la de Lourdes Maldonado, ocurrida en Tijuana, Baja California, que contaban con estas medidas.

Hasta septiembre de 2021, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconocía el homicidio de al menos 47 periodistas perpetrados durante el actual sexenio, sin embargo, a partir de esa fecha han sido asesinados:

  • Fredy López Arévalo (28 de Octubre de 2021, en Chiapas)
  • Alfredo Cardoso Echeverría (31 de Octubre de 2021, en Guerrero)
  • José Luis Arenas Gamboa ( 10 de enero de 2022, en Veracruz)
  • Margarito Martínez (17 de enero de 2022, en Baja California)
  • Lourdes Maldonado López (23 de Enero de 2022, en Baja California)

Con estos últimos casos, suman al menos 52 comunicadoras y comunicadores atacados de manera letal durante el gobierno actual.

De igual manera, hasta septiembre pasado, el gobierno federal reconoció la muerte de siete periodistas que formaban parte del mecanismo de protección, ya sea local o federal. A ellos se suman el caso de Arenas Gamboa y Maldonado López, dando un total de nueve periodistas muertos, sin importar que su protección debiera ser prioridad para las autoridades.

En el caso del fotoperiodista Martínez Esquivel, el 13 de diciembre de 2021 solicitó su incorporación al Sistema Estatal de Protección a Periodistas, organismo que remitió su petición al Mecanismo Federal de la Segob, no obstante, se sabe que no culminó su proceso de incorporación.

Ante los casos, organizaciones sociales han mostrado su preocupación sobre los procesos de incorporación a los sistemas de protección, debido a los excesos burocráticos, múltiples requisitos y documentos por parte de los periodistas antes de implementar medidas de protección efectivas.

La Auditoría Superior de la Federación advirtió en la Cuenta Pública 2018, que las acciones realizadas por el Estado para la protección de periodistas han resultado fallidas, ya que las labores de la Segob, la CNDH, la CEAV y la entonces PGR fueron implementadas de forma deficiente y desarticulada, con una falta de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección, por lo que no cumplieron con su finalidad de detener el incremento de los agravios en contra de la vida de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Señalan deficiencias

Amir Ibrahim Mohamed, y quien desde el 2018 está integrado al mecanismo de protección de periodistas, sostiene que a pesar de que el mecanismo ha funcionado para él, existen algunas medidas a su interior que presentan deficiencias, entre ellas, la manera en que seleccionan los casos o incluso el servicio de escoltas que no logran proteger de manera adecuada.

El periodista, que ha sido amenazado tras investigar casos de corrupción por un grupo de empresarios, coludidos con el crimen organizado en Quintana Roo, también considera que la forma en que se analiza el riesgo para incorporar a un comunicador al mecanismo es el reto.

“Ahora se está criticando mucho que dos de los periodistas asesinados estaban protegidos, pero habría que ver qué plan de protección tenían y quién se los aprobó (...) que al día de hoy sabemos que falló. Eso ha estado pasando en este momento, los planes de protección no son los adecuados en muchos de los casos (...) unos están protegidos de más y unos de menos”, subraya.

El secretario de periodistas desplazados de México, y comunicador de ElQuintanaRoo.mx, también reconoce que tras la violencia que ha sufrido por su trabajo, su vulnerabilidad ha sido mayor, pues su tranquilidad desapareció.

Por su parte, Camelia Muñoz, corresponsal de noticias MVS en Coahuila y quien también lleva cuatro años en el mecanismo, cuenta que su experiencia al interior de estas medidas de protección, no fue del todo la mejor, ello al explicar que desde su primer análisis de riesgo, las autoridades se limitaron a ver las medidas mínimas de protección, pese a que ella había denunciado en diversas ocasiones la intromisión de personas a su hogar y acciones que llegaron a poner en peligro su vida.

Sobre situaciones como las antes descritas, la también activista advierte que estos son reportados, sin embargo, señala que lo dan por recibido, “pero luego ya no te dicen cuál es el seguimiento (...) no me han podido dar las medidas de protección integral. Te ponen incluso en un momento de inestabilidad emocional, no estás segura”, lamenta.

Al tiempo que fue después de un año de estar integrada al mecanismo que logró obtener mejores medidas de protección, como la colocación cámaras de seguridad y vallas a lo largo de su hogar. Mientras que este mecanismo también carece de una perspectiva de género.

maritza.perez@eleconomista.mx

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