Piden análisis de fondo en reforma al Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña Hernández, convocó a “todas las autoridades” a ejercer su “responsabilidad compartida de salvaguardar” la independencia judicial como “un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables”.

“La independencia judicial está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces, así ha sido reconocido en numerosas ocasiones por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, afirmó.

Al inaugurar el “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura”, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó que la intención es alzar la voz “una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial”, en clara referencia a la reforma del Poder Judicial en ciernes en el Congreso de la Unión.

Prerrogativa de las personas

En su alocución, Jesús Peña Palacios, representante de la ONU-DH, afirmó que la independencia judicial persigue como uno de sus objetivos centrales la protección de los derechos humanos, por lo que no se trata de un privilegio de quienes ejercen la función judicial, sino de una prerrogativa en favor de las personas que interactúan con una instancia judicial.

Bien entendida, el objetivo primario de la independencia judicial es proteger y servir a las personas usuarias del sistema de justicia (...) es un derecho al servicio de las personas, de todas las personas, no una franquicia o una patente al servicio de quienes desempeñan la función judicial”.

Diagnóstico

Reconoció que en México existe consenso sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto, pero dijo que el cambio debería partir de un diagnóstico objetivo basado en evidencia y abarcar todas las instituciones del sistema.

“La reforma debe hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura, tolerancia y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio; debe, además, garantizar el principio de progresividad y los avances de las últimas décadas y erradicar los desafíos existentes”, sugirió.

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