Piden aplicar leyes con estándares internacionales

La Oficina en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) remitió al Senado dos documentos en los que llama a los legisladores a reconocer los estándares internacionales en la ley nacional sobre el uso de la fuerza y la ley nacional de registro de detenidos.

Asimismo, el organismo internacional exhortó a la Cámara Alta a adoptar el procedimiento legislativo de parlamento abierto, estableciendo mesas de trabajo en las que participen organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos de derechos humanos y autoridades.

En el documento técnico relativo a la ley nacional sobre el uso de la fuerza, destacó que la normativa debe asegurar la investigación de violaciones a los derechos humanos, principalmente las de afectación a la vida e integridad personal, así como las denuncias de uso excesivo de la fuerza letal.

“Igualmente, deberá regular las responsabilidades en cuatro dimensiones: 1) la responsabilidad directa, 2) la responsabilidad por omisión, 3) la responsabilidad de los mandos y 4) la responsabilidad de los mandos por las acciones de sus subordinados”, expuso.

La ONU-DH indicó que la ley debe permitir la supervisión ciudadana y civil de los agentes que hacen uso de la fuerza, así como de la implementación de la normativa, además de que en ésta tiene que regularse el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas sociales de acuerdo con estándares internacionales.

Enfatizó que la transparencia y rendición de cuentas deben ser principios de esta ley, por lo que se deberá permitir el acceso a la información sobre la aplicación de la fuerza, y presentar informes de los casos en que se haya empleado.

Sobre la ley nacional de registro de detenidos, puntualizó que se debe abarcar todo el proceso de la detención para que el registro constituya la constancia de la cadena de custodia de la persona privada de la libertad.

Además de regular mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, a través de reglas claras de control de las consultas y manejo de información del registro, así como regular las responsabilidades administrativa y penal por el indebido uso del registro.

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, solicitó una reunión de trabajo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la cámara a fin de presentar los documentos técnicos.