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Piden eliminar fuero militar
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llamó a las autoridades legislativas a modificar el código de justicia militar para que los delitos cometidos por parte del personal no se lleven a cabo en un juzgado de la milicia, ya que esto genera violaciones a los derechos humanos, dijo el titular de esta organización, Luis Arriaga.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llamó a las autoridades legislativas a modificar el código de justicia militar para que los delitos cometidos por parte del personal no se lleven a cabo en un juzgado de la milicia, ya que esto genera violaciones a los derechos humanos, dijo el titular de esta organización, Luis Arriaga.
Durante el pronunciamiento de esta Organización No Gubernamental, a propósito de la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, por tortura y uso indebido del fuero militar, Arriaga sostuvo que es necesario cambiar el artículo 57 de este código para que la jurisdicción militar no se extienda sobre la ciudadanía.
Se espera que con la audiencia se declare inocentes a estos dos trabajadores del campo, ya que por hostigamiento están exiliados desde hace ocho años fuera del país, tiempo en el que no han visto a sus familiares.
Los campesinos ecologistas Rodolfo y Teodoro, detenidos en mayo de 1999, fueron retenidos y torturados por militares que obtuvieron de ellos confesiones autoinculpatorias por delitos fabricados, indicó el Centro.
Apaleo a campesinos
El objetivo de la detención era claro: apalear a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán por su resistencia exitosa a la tala de bosques. Durante un proceso irregular se sumaron numerosas voces a su defensa.
El 7 de noviembre del 2001, el Ejecutivo federal ordenó su liberación por razones humanitarias, pero no reconoció su inocencia ni violaciones a los derechos humanos.
El 25 de octubre del 2001, antes de su liberación, por considerar que en México no existían los recursos efectivos para lograr la investigación de la tortura y el acceso a la justicia, el caso fue presentado por el Centro Agustín Pro Juárez y otras organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.