Piden más pruebas en casos de testigo protegido

La senadora Cristina Díaz presentó una iniciativa para que, antes de condenar a los inculpados por un testigo protegido, los jueces se cercioren de que haya elementos probatorios del delito.

La priísta, presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara Alta, publicó la propuesta para regular la figura de testigos protegidos con el fin de que las imputaciones de éstos sólo prosperen si están sustentadas y relacionadas con otros medios probatorios.

Se podrá condenar a un procesado por la declaración de un testigo colaborador cuando la corroboren fehacientemente otros medios probatorios , precisó al sugerir la modificación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La expresidenta interina del PRI afirmó en su argumentación que, en los últimos años, el uso de los testigos colaboradores ha dado lugar a serios cuestionamientos y críticas por la ineficacia de su uso.

En no pocas ocasiones, algunos de esos testigos colaboradores han sido la base, única o al menos la fundamental, para tratar de sustentar acusaciones en contra de algunas personas a las que finalmente se les tuvo que liberar o declarar sin responsabilidad penal , exhibió.

Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional también enlistó en la Gaceta un punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República, Jesús Murillo, a que realice un estudio de los beneficios o, en su caso, perjuicios que se han obtenido por la implementación de programas o acciones relativas a la figura de testigo protegido.

Lo anterior durante las administraciones de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Además propuso enviar un exhorto a la PGR para que inicie investigaciones en contra de los servidores públicos que, en su caso, hayan utilizado dolosa o imprudencialmente información de testigos protegidos para inculpar a personas inocentes .

Los priístas argumentaron que esta figura ha sido utilizada de manera irresponsable y ejemplifican con los casos del general Tomás Ángeles Dauahare, el Michoacanazo y la aprehensión del excandidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez.

Los casos antes indicados evidencian que las informaciones obtenidas por las autoridades investigadoras de los testigos protegidos no reunieron las pruebas pertinentes para realizar una consignación bien sustentada, lo cual, entre otros aspectos, coadyuvó a que se violaran los derechos de estos mexicanos , concretó.

tania.rosas@eleconomista.mx