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Piden medidas cautelares para familia de activistas
La CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de familiares de los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes presuntamente fueron desaparecidos y ejecutados en Iguala, Guerrero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de familiares de los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes presuntamente fueron desaparecidos y ejecutados en Iguala, Guerrero.
La medida cautelar número 185-13 abarca también al defensor Bertoldo Martínez y su familia, por ser uno de los principales denunciantes en los procesos judiciales relacionados con las supuestas desapariciones mencionadas.
También tiene alcance para Nicolás Mendoza, supuestamente secuestrado el 30 de mayo del 2013, fecha en que desaparecieron sus compañeros, así como para su familia.
De acuerdo con la solicitud de medidas cautelares enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, los derechos a la vida e integridad Sofía Lorena Mendoza Martínez, Nicolás Mendoza Villa y sus respectivas familias están en riesgo debido a la denuncia presentada por la desaparición forzada y posterior ejecución de los activistas.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.
En consecuencia, la CIDH solicitó a México que adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los favorecidos. Asimismo, pidió información sobre las acciones adoptadas, con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su posible repetición.
La Comisión también pidió al gobierno de México que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir del 1 de diciembre, sobre la adopción de las medidas requeridas y actualice los datos en forma periódica.
