Lectura 2:00 min
Piden que CIDH y ONU asistan en investigaciones por Pegasus
Organizaciones en pro de los derechos digitales en México hicieron un llamado al gobierno federal para que permita la asistencia de la ONU o de la CIDH en la investigación sobre el caso de espionaje mediante el software Pegasus.
Organizaciones en pro de los derechos digitales en México hicieron un llamado al gobierno federal para que permita la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación sobre el caso de espionaje mediante el software Pegasus.
De igual modo, solicitaron que se supervise el cumplimiento del compromiso de cooperación de todas las dependencias del gobierno federal con las investigaciones en curso en la Fiscalía General de la República.
Rendición de cuentas
El Centro ProDH, Artículo 19, Social Tic y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), también pidieron que se diseñe e impulse una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos en la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de herramientas tecnológicas susceptibles de representar riesgos para la privacidad.
Estas reformas deben evitar, desde su punto de vista, la corrupción, discrecionalidad y opacidad en la adquisición de tecnologías de vigilancia, así como impedir el ejercicio abusivo de dichas tecnologías.
Por otro lado, las organizaciones invitaron a que se transparenten de manera total los expedientes de contratación de Pegasus por parte de todas las dependencias federales, especialmente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respecto de los cuales hay evidencia incontrovertible de su existencia.
Por último, esperan que se diseñe, en conjunto con las víctimas y la sociedad civil, los mecanismos adecuados para hacer de conocimiento de las víctimas y de la sociedad en general los expedientes y toda la información indebidamente obtenida mediante esquemas de espionaje ilegal, garantizando así el derecho a la verdad de las víctimas y el derecho a la memoria histórica de toda la sociedad mexicana.
“Compartimos la convicción de que es fundamental la no repetición del despreciable espionaje a periodistas, opositores y personas defensoras de derechos humanos en el país”, afirmaron en un comunicado.
