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Piden reestructurar la investigación en lugar de hacer nuevos peritajes
Ante el anuncio de la PGR de realizar un tercer peritaje en el basurero de Cocula, la WOLA consideró que los errores de la investigación son tan graves que se requiere un nuevo equipo.
Los errores de la investigación hecha por el gobierno para esclarecer los incidentes del 26 y 27 de septiembre de hace un año en Iguala, Guerrero, son tan graves que se requiere un nuevo equipo dentro de la Procuraduría General de la República PGR) para esclarecer lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos y ofrecer verdad y justicia a sus familias, sugirió la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La investigación hecha por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de un acuerdo con las familias de los estudiantes, sus representantes y el gobierno mexicano, desmontó la versión del gobierno mexicano sobre lo sucedido cuando 43 estudiantes desaparecieron en manos de la policía local.
Ante ello, la procuradora general de México, Arely Gómez, informó que su oficina analizaría todos los aspectos del informe para determinar si los incorporaría en la investigación; sin embargo, no aludió a los errores que las autoridades cometieron durante el proceso de investigación.
En lugar de hacer nuevos peritajes para demostrar una teoría que ya ha sido descartada, el gobierno mexicano debe trabajar para reestructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas , declaró Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, sugirió.
Teniendo en cuenta los múltiples errores de los peritos del gobierno, se debe crear un nuevo equipo dentro de la Procuraduría General de la República para estar a cargo de esta siguiente etapa de la investigación , sugirió la experta.
Maureen Meyer da cuenta que el informe el cual refleja seis meses de trabajo niega la narrativa del gobierno mexicano, la cual sugiere que después de que los estudiantes habían sido desaparecidos por la policía municipal, éstos fueron entregados a un grupo criminal y posteriormente quemados hasta la muerte en un basurero.
Para la investigadora este reporte deja en claro que el gobierno federal trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos sin sustento científico.
El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos , denunció.
El informe del GIEI también mostró que varias áreas de investigación permanecen sin explorar. En particular, los expertos sugieren que la extrema violencia que se utilizó en contra de los estudiantes puede estar relacionada con el hecho de que autobuses en Iguala son regularmente utilizados por grupos del crimen organizado para transportar heroína. Por último, el informe deja en claro que las fuerzas de seguridad estatales y federales sabían que los estudiantes estaban siendo perseguidos y atacados por la policía municipal pero no hicieron nada para ayudarlos.
Las familias de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre lo que pasó: cuándo, dónde, y por qué. El informe de los expertos es una base fundamental para seguir adelante con la investigación , afirmó Meyer.
Por otro lado, Elyssa Pachico, de la fundación InSight Crime, ante el revuelo causado por la pesquisa del GIEI, expresó que la verdad de los incidentes en Iguala parece estar más lejana que nunca. El informe de la CIDH no hará más que atizar la desconfianza y generar más teorías conspirativas. Con base en entrevistas, documentos oficiales y otras fuentes, el informe ofrece un detallado recuento con pelos y señales de lo que sucedió en el periodo previo al secuestro masivo de 43 estudiantes hombres esa noche .
La desaparición constituye el acontecimiento que marcó la administración de Enrique Peña Nieto. Desencadenó protestas en todo el país y una crisis de confianza que no se ha disipado desde entonces, apunta Pachico.
El gobierno mexicano ha insistido en que el crimen organizado jugó un rol clave en la desaparición de los normalistas, pero aún parece haber desconocimiento oficial sobre cómo operaban en realidad estos criminales en Iguala.
El GIEI solicitó a la Procuraduría General de la República que analizara las actividades criminales de los Guerreros Unidos y los Rojos en la región, y que compartiera información sobre sus vínculos con funcionarios públicos locales. Pero el informe de la CIDH expone que las autoridades no han proporcionado información sobre dichos vínculos o sobre esas actividades criminales.
Tras la presentación del reporte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las autoridades investigarán en Iguala hasta saber qué fue lo que realmente pasó ; sin embargo, Elyssa Pachico recuerda que el gobierno ya había asegurado que había llegado a la verdad del asunto el pasado mes de enero.
Por casi un año ya, el gobierno ha presentado los hechos de Iguala como un crimen en dos actos: primero, cuando la policía asaltó a los estudiantes, y segundo, cuando los Guerreros Unidos supuestamente asesinaron a los 43 que siguen desaparecidos. Después del informe de la CIDH, la desconexión entre estos dos actos parece más difusa que nunca , concluye Elyssa Pachico, de InSight Crime.
EL DATO
La procuradora Arely Gómez designó a Gustavo Salas Chávez como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en sustitución de Felipe de Jesús Muñoz, quien dejó el cargo para ser propuesto como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con el nuevo nombramiento, la PGR no precisó si Gustavo Salas se hará cargo de la tercera investigación que ordenó la procuradora Arely Gómez por el caso Iguala, encomienda que originalmente se le había encargado a Muñoz Vázquez.
La procuradora se reunió el viernes con la presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, con quien revisó los avances de la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala.
Arely Gómez refrendó el compromiso de la procuraduría con la transparencia y el acceso a la información a quienes han solicitado la información relacionada con los hechos ocurridos en el citado municipio del estado de Guerrero. (Jorge Monroy)
