Plantean instituto ministerial

La procuración efectiva de justicia no necesita de nuevas reformas o ampliar medidas como la prisión preventiva, se requiere mejorar las capacidades de las policías para investigar y de los fiscales para argumentar los casos, plantea el reporte Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.

De acuerdo con el Informe Preliminar de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, hecho por la UNAM, CIDE e Inacipe, las medidas que se han planteado como la ampliación de la prisión preventiva no son necesarias, ya que en 75% de los casos cuando se solicita dicha medida se otorga.

“El problema de la puerta giratoria se presenta en las agencias del Ministerio Público y no en los juzgados. La solución exige mejor supervisión al trabajo ministerial, más que cambios normativos”.

El análisis reveló que persisten problemas de coordinación entre policías y ministerios públicos así como con las fuerzas armadas, una situación que se ve aún complicada debido a que las actuales propuestas de Ley de Seguridad Interior no se enfocan en resolver dicha problemática, enfatiza el reporte.

“Lo que se requiere es un régimen transitorio que permita regular la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y establecer los procedimientos para asegurar su coordinación con las autoridades civiles”, se precisa.

Sobre las víctimas de los ilícitos, la consulta hecha a más de 170 expertos, mediante 16 mesas temáticas y nueve foros realizados en diferentes instituciones públicas del país, enfatiza que no son escuchadas por el Ministerio Público y en el caso de mujeres víctimas de violencia “se les trata de disuadir o enviar a acuerdo reparatorio a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo prohíbe expresamente”.

El informe propone que como medidas a tomarse en el corto plazo se cree un instituto de formación y carrera ministerial que esté conformado por un consejo profesional de tiempo completo, con personal de Función Pública, de la academia, así como de la sociedad civil.

Asimismo, en el diagnóstico se plantea crear una unidad de supervisión y estrategia de litigio, una unidad de protección a derechos humanos de la víctima así como iniciar un proceso de evaluación a nivel federal para que se determine qué parte del actual personal de la PGR es apto para que se integre a la Fiscalía General.