Policías que extorsionan y amenazan a víctimas

En Guerrero no sólo se ha duplicado la cantidad de homicidios y secuestros: los ciudadanos se enfrentan a la realidad de que estos delitos también los cometen elementos policiacos; además de que son víctimas represalias si se atreven a denunciar.

Testimonios que se encuentran en expedientes de la CNDH muestran un panorama adverso.

Un día cualquiera, casi a la medianoche, tres patrullas del municipio de Ayutla de los Libres cerraron una calle. Tres agentes irrumpieron en el domicilio y se llevaron a un matrimonio. El padre del levantado denunció los hechos ante el Ministerio Público, pero al salir de las instalaciones recibió una llamada telefónica con la primer amenaza. Después, un elemento policiaco llegó a la casa del afectado; llevaba en la mano una copia de la denuncia. Sacó un encendedor y quemó el documento.

El hijo aún seguía desaparecido. El policía pidió 2 millones de pesos como rescate, pero sólo pudieron entregarle 1.8 millones. Apoyado de otros dos elementos policiacos revisaron en el inmueble en busca de más cosas de valor. Se llevaron el dinero que encontraron y alhajas . Volvió a denunciar, pero la respuesta fue presentar testigos de los hechos, porque sin testigos no puede castigar .

Otro caso de colusión de las autoridades según los documentos de la CNDH refiere que un comerciante de abarrotes en el municipio de San Marcos fue abordado por dos personas con armas de fuego y lo asaltaron, se llevaron dinero en efectivo y joyería. Antes de retirarse, lo amenazaron con matar a su familia si denunciaba. Semanas después se animó y presentó la denuncia.

Al llegar a su casa ya lo esperaban cuatro elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Lo intimidaron y pidieron que retirara la queja; se fueron y semanas después los mismos policías regresaron y le plantearon dos alternativas: darles dinero para poder investigar el robo que sufrió o que retirara su denuncia, pues de lo contrario los delincuentes podrían hacerle daño.

En los expedientes también se advierten casos en los que las víctimas identifican a las autoridades como los delincuentes.

Por ejemplo, en el camino de Villa Guerrero a Tierra Colorada una persona fue detenida por policías ministeriales y lo llevaron a las instalaciones de la Policía Ministerial. Lo golpearon en el cuerpo y colocaron una bolsa de plástico en la cabeza.

Le exigieron 45,000 pesos para liberarlo, monto que fue conseguido por su padre después de 36 horas de la detención.

Tuvieron que poner en garantía su casa con un particular, al que le tuvieron que pagar mensualidades para cubrir la deuda. Además, los policías lo amenazaron con privarlo de la vida y también a su familia si acudía a presentar la denuncia.

jose.reyes@eleconomista.mx