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Política energética, sin atender desigualdades
Organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la política energética del país, ya que consideran que no promueve una transformación justa, que atienda las brechas de desigualdad, reduzca la pobreza energética y garantice un medio ambiente sano.
Organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la política energética del país, ya que consideran que no promueve una transformación justa, que atienda las brechas de desigualdad, reduzca la pobreza energética y garantice un medio ambiente sano.
De igual manera, señalaron que el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen) carece de un enfoque.
“En esta edición, queda claro que el Gobierno de México no ha contemplado avanzar hacia una transición o transformación de las fuentes de generación eléctrica. Por el contrario, se observa que se favorece -y se continuará favoreciendo- la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles como el gas y el combustóleo”, mencionaron en un comunicado.
Detallaron que el programa ancla a nuestro país a una infraestructura fósil contaminante por las próximas décadas y aumenta la dependencia de combustibles provenientes del extranjero, como el gas.
“Esto hará que México no cumpla con los compromisos que suscribió en el Acuerdo de París y retroceda de manera lamentable en la lucha por la justicia climática”.
De acuerdo con los informes anuales del la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del 2020 al 2021, de toda la canasta de energéticos para la generación de electricidad, la fracción de la generación de energía proveniente del combustóleo pasó de una participación de 5.65 a 13.80%; es decir, la fracción de combustóleo se incrementó en más del 144 por ciento.
“Como ejemplo, se pueden citar las emisiones de la central termoeléctrica de Tula, cuyas emisiones de PM2.5, generadas por el uso de combustóleo, son responsables de 16,000 muertes prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México”, sostuvieron.
Entre las ONG firmantes están el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, el Poder del Consumidor, Combustibles Prohibidos, entre otras.