Políticas públicas, para reinserción

Integrantes de organizaciones sociales consideraron que la Ley de Amnistía es un avance para el sistema de justicia de nuestro país; sin embargo, insistieron en que se debe revisar todo el sistema e implementar políticas públicas de reinserción social.

El representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo, reconoció durante el diálogo “Mujeres: ley de Amnistía, reinserción y política criminal”, que la iniciativa “es sin duda un importante paso en la dirección correcta”. 

“Dicho esto —prosiguió— para que la Ley de Amnistía, cualquiera que sea su contenido final, tenga el máximo impacto habrá que invertir en la reinserción social y prevención de la reincidencia de las personas privadas de la libertad durante el periodo de detención y tras su liberación”.

Por su parte, la coordinadora Jurídica de AsíLEGAL e integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), Layla Almaraz, sugirió que la reinserción social no sea considerada como el fin del sistema penitenciario, sino como un derecho humano. “La Ley de Amnistía debe venir acompañada de un proceso de reinserción social”. Sin embargo, reconoció que el proyecto legislativo del gobierno federal es un paso fundamental “no sólo por lo que propone (...) está definiendo hacia dónde va a cambiar el rumbo”.

Ana Pecova, directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, expresó que no son suficientes los avances en relación con la Ley de Amnistía, ya que es necesario “revisar todo el sistema de justicia e implementar políticas integrales con enfoque de derechos humanos y atender este problema desde el origen”.

Antonino De Leo también hizo un llamado a transformar la política criminal y de justicia penal del país con el fin de que no se criminalice a la pobreza y grupos vulnerables.

La Ley de Amnistía, propuesta por el presidente y que actualmente es analizada en la Cámara de Diputados, ha sido considerada por las organizaciones sociales como un comienzo para saldar una deuda pendiente con las personas indígenas, mujeres y aquellas con menos recursos. Sin embargo, han advertido que la propuesta debe acompañarse de una estrategia integral, por lo que buscan formar parte de su implementación.

Esta iniciativa, para los casos relacionados con delitos contra la salud y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, “contribuye a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia, la cual, a través de los distintos casos que acompañamos y documentamos, hemos constatado que se traduce en abusos sistemáticos del Estado con respecto a la impartición de justicia, entre los cuales están: el abuso en la prisión preventiva; la obtención de confesiones bajo tortura; la ausencia de traductores, intérpretes y abogados defensores certificados bilingües para personas indígenas; la criminalización de abortos y partos fortuitos, o penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la criminalización de ciertos grupos históricamente vulnerados”, señaló la organización EQUIS Justicia.

Se efectuó el foro “Mujeres: Ley de Amnistía, reinserción y política criminal”.