Por año, 4,500 jóvenes asesinados en México

Los jóvenes latinoamericanos son el sector más afectado por los niveles de violencia en la región, revela el estudio Violencia juvenil en América Latina , realizado por El Colegio de México y el Centro Internacional de Investigación sobre el Desarrollo.

Presentado en el marco del debate Violencia y seguridad ciudadana durante los trabajos de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el estudio expone que el Estado ha delegado la responsabilidad de garantizar la seguridad a la ciudadanía a los cuerpos policiacos. Vale destacar que existe una permanencia de prácticas de tortura y abuso de poder por parte de estas instituciones.

El estudio, coordinado por el académico Arturo Alvarado, muestra que jóvenes de entre 15 a 24 años son los más afectados por la violencia y detalla que México ocupa el tercer lugar en asesinatos después de Brasil y Colombia, seguido de Guatemala y Argentina.

Entre el 2000 y el 2008 fueron asesinados en el país 33,444 adolescentes y jóvenes, lo que representa en promedio 4,500 asesinatos por año.

Si el Estado mexicano realmente desea resarcir los daños y darle un toque positivo a la guerra contra el narco, se debe atender a situación de violencia que prevalece en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió, Úrsula Alanís, del Centro de Estudios Sociales de El Colegio de México (Colmex).

Detalló que la tasa de homicidios en Ciudad Juárez se disparó en el 2007 hasta 700%, tras la entrada en vigor del operativo Chihuahua derivado de la guerra contra el narco.

Los jóvenes son víctimas de este fenómeno de violencia, quienes no ven distinción entre la generada por la policía y la generada por los grupos del crimen organizado, que incluso ejercen una gran presión sobre ellos para integrarse a los distintos grupos criminales que operan en la región , advirtió la especialista.

Por ello es necesario cambiar la conciencia punitiva de los cuerpos policiacos y de seguridad, así como implementar un sistema distinto de educación para lograr minar las prácticas de violencia en contra de la ciudadanía, recomendó.

ana.langner@eleconomista.mx