¿Por qué se judicializan tan pocas investigaciones sobre casos de corrupción en México?

Existe una bajísima judicialización de investigaciones de casos de corrupción y una todavía más baja tasa de asuntos que llegan a la etapa de sentencia. Esto se debe a la politización de los asuntos penales, así como a la limitada capacidad técnica, operativa, presupuestaria y de autonomía real de las fiscalías, tanto las generales de justicia como las especializadas en materia de anticorrupción y tanto del ámbito federal como estatal.

A escala federal, si bien desde hace más de tres años funciona la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), a cargo de María de la Luz Mijangos Borja, los casos más relevantes como en los que están involucrados la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, han sido procesados por la fiscalía general y no por la especializada.

Esa situación no ha servido para que la FEMCC dé más y mejores resultados en el resto de los asuntos que le toca atender. Hasta junio pasado, se habían acumulado en sus escritorios 2,749 carpetas de investigación, de las cuales 24 se vincularon a proceso judicial, es decir 0.87%.

14 asuntos están en proceso de investigación complementaria, cinco en intermedia y sólo dos logró que llegaran a la etapa de sentencias condenatorias.

La FEMCC se instaló el 1 de marzo de 2019, cinco años después de que se creó la Fiscalía General de la República (FGR), y empezó a operar con “carga cero”. Tiene bajo su responsabilidad todas las denuncias relacionadas con hechos de corrupción recibidas desde del 15 de diciembre de 2019.

Al 6 de marzo de 2020 había recibido 810 denuncias y 348 solicitudes de atracción para un total de 1,158 expedientes que fueron el origen de 950 carpetas de investigación, principalmente por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito de servicio público.

Al cierre del primer año, sólo seis casos se judicializaron, es decir que pusieron a consideración de un juez y representan 0.51%.

Para el cierre del segundo año (al 10 de marzo de 2021), la fiscalía tenía 1,542 denuncias presentadas acumuladas y 1,688 carpetas de investigación acumuladas.

Para esa fecha se habían realizado 662 determinaciones, entre las que destacan 275 declinaciones por incompetencia y se judicializaron, 22 carpetas de investigación para solicitar audiencia inicial para imputar.

En 2019 la FEMCC no estuvo contemplada en el presupuesto para ese año por lo que utilizó recursos del presupuesto global de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En el ejercicio fiscal de 2020 se le asignaron 110 millones de pesos; para 2021 fueron 123 millones 531,300 pesos y este año ejerce 174 millones 792,336 pesos.

Durante su primer año de operación tuvo 26 ministerios públicos dedicados al inicio, integración y determinación de carpetas de investigación.

Esos ministerios públicos estuvieron integrados en cinco núcleos y cada uno tuvo el auxilio de un oficial ministerial y la supervisión de un fiscal jefe, por lo que la fiscalía especializada contó con 36 plazas ministeriales.

Ese año contó con 11 plazas más de carácter directivo y administrativo. En total operó con 47 plazas.

Entre el 11 de marzo de 2019 y el 10 de marzo de 2020 tuvo que recibir el apoyo de la Coordinación General de Servicios Periciales en 79 carpetas de investigación. Solicitó 71 peritajes contables, dos de ingeniería forense, cinco de audio y video y una de informática.

La Agencia de Investigación Criminal, por conducto de la Policía Federal Ministerial, empezó a dar atención a esa fiscalía en septiembre de 2019, con cinco suboficiales y un encargado de grupo con lo que para marzo de 2020 tenía atendían los mandamientos ministeriales 20 suboficiales y un encargado de grupo.

Para el segundo año el personal sustantivo, que incluye agentes del ministerio público y oficiales ministeriales fue de 68 y 15 administrativos, para un total de 83. En marzo de 2021 la fiscalía tenía 48 agentes del ministerio público.

Uso político de las investigaciones

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización especializada en litigio estratégico TOJIL, dijo que en el ámbito federal, lejos de que las investigaciones de casos de corrupción se traten de manera técnica, objetiva y eficiente, la Fiscalía General de la República (FGR) los maneja políticamente.

Muestra de ello es que casos como el del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no solamente no es procesado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), como se supondría debería ocurrir, sino que la investigación la realiza la Fiscalía General y su titular, Alejandro Gertz Manero, interviene directamente, otorgando beneficios y proporcionando información de indagatorias en curso, como ha quedado evidenciado en filtraciones a la prensa.

“El fiscal, de manera totalmente irregular, quiere tener el control de casos que no le competen”, dijo Medina Ruvalcaba.

Recalcó que de acuerdo con la Constitución, el mandato de investigar los casos de corrupción es hacia una fiscalía especializada con mayores controles ante el Congreso.

No obstante, prácticamente en todos los casos de relevancia lo que hemos visto es la inacción de la fiscalía especializada y una suplantación por parte de otras áreas de la Fiscalía General.

Además, dijo, pareciera que hay serias deficiencias técnicas, lo cual quedó demostrado con lo que ocurrió ante los jueces en el caso Rosario Robles, en el que, hasta ahora, loque se le imputa es la falta de supervisión en la ejecución de los recursos, cuando hay investigaciones de organizaciones civiles y periodísticas que evidencian que hubo toda una organización para cometer actos de corrupción en el que participaron muchos funcionarios públicos.

“No fue un hecho aislado. Puede ser parte de una falta de técnica y deficiencia para investigar y consignar los casos, pero también tiene un componente político, porque se enfoca en un solo personaje, que puede ser llamativo en términos mediáticos, pero hay poco interés en exponer qué fue lo que ocurrió con esa red de corrupción”, dijo.

Chrístel Rosales, coordinadora del área de Justicia del centro de pensamiento y análisis de operación gubernamental México Evalúa, subrayó que la investigación de corrupción se ha convertido en un instrumento político para el grupo en el poder para consolidar sus intereses, pues asegura lealtades y rentas que genera incentivos perversos.

“Hay distintas leyes e instrumentos normativos que pueden dejar espacios para la discrecionalidad o arbitrariedad”, dijo Rosales.

“Hay que reconocer que puede existir un sistema de lealtades que propicia favores entre distintos actores políticos y entramados de complicidades cruzadas que genera reglas implícitas de protección”.

Debilidades institucionales

En el caso de las fiscalías locales, Estefanía Medina Ruvalcaba de TOJIL explicó que no todas las fiscalías anticorrupción son verdaderamente autónomas, ni en términos legales (para tomar sus decisiones con independencia de la Fiscalía General estatal o del gobernador) ni en la parte presupuestal.

Indicó que la mayoría no cuentan con protocolos eficientes para investigar hechos de corrupción, que son más complejos de procesar que otros.

Además, cuentan con poco personal debidamente capacitado para hacer frente a la carga de trabajo que tienen.

La especialista en litigio estratégico mencionó que, si bien, durante los últimos años se generó una narrativa sobre la importancia de contar con fiscalías anticorrupción, una vez que se habilitaron, realmente poco se ha hecho para dotarlas de los instrumentos para operar de manera eficaz y puedan tomar decisiones sobre los casos que investigan, fuera de cuestiones políticas.

De acuerdo con una a investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, entre el primero de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, cuyos resultados se dieron a conocer en diciembre pasado, concluye que “la mayoría de los casos de corrupción no se sancionan”.

Señala que únicamente 8 estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción.

Lo relevante es que 4 fiscalías anticorrupción estatales no judicializaron ninguna investigación; 12 no habían obtenido sentencias condenatorias, dos obtuvieron tasas de 10 y 13% de judicialización, las más altas a escala nacional, 14 vincularon a proceso a la mitad o más de sus investigaciones y sólo tres vincularon todos los casos investigados.

Resistencias para investigar

En muchos casos los nombramientos de los fiscales y auditores superiores se realizan con base en criterios políticos, dijo Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción del laboratorio de políticas públicas Ethos.

La especialista llamó la atención en que en algunos estados la fiscalía anticorrupción depende de la Fiscalía General en términos de presupuesto, con lo cual última ejerce un control sobre cuantos y qué casos investigar.

Subrayó que la primera causa de los pobres resultados en la materia es la resistencia para investigar. “Los políticos se niegan a investigar ciertos casos de corrupción para cubrir ciertos intereses”.

Comentó que el fiscal anticorrupción de Nuevo León Javier Garza y Garza en una ocasión denunció que cuando solicitaba información a dependencias señaladas como lugares dado se habían dado casos de corrupción, se resistían a aportarla.

Dijo que cuando eso ocurre, no se pueden armar casos sólidos y no se pueden sostener ante los tribunales.

Chrístel Rosales consideró que una de las variables que explican la falta de resultados por parte del aparato de justicia en investigación y sanción de casos de corrupción es la falta de capacidad de parte de las distintas instituciones de justicia penal para enfrentar, tanto el tramo de investigación como el de persecución penal.

Recordó que el anterior sistema de justicia penal establecía que todos los casos deberían seguir un mismo tratamiento y, por lo tanto, no había mecanismos de discriminación de casos complejos que requieren investigaciones más sofisticadas.

El actual sistema sí prevé esas situaciones pero a la hora de investigarlos no hay una diferenciación. Son muy contadas las fiscalías que cuentan con sistemas de priorización de los casos, expuso.

Lo grave, dijo, es que el sistema se satura y prácticamente uno de cada dos queda sin respuesta. Quedan atorados en el sistema y de los que sí son atendidos, alrededor de 60% son puestos en espera de que lleguen más elementos que permitan fortalecer las carpetas de investigación y muchos de ellos prescriben.

Es por ello que sólo alrededor de 2.5% de los casos se judicializan y dentro de estos prácticamente quedan invisibilizados los de corrupción, mencionó.

A su vez Dalia Toledo dijo que si se observa qué pasa en las fiscalías anticorrupción, las auditorías estatales y los poderes judiciales, que son los tres pilares de la investigación y sanción de actos de corrupción en México se aprecia que no existen cuadros técnicos suficientes para cumplir con su labor.

Puso como ejemplo que en Michoacán, el fiscal superior del estado, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, se quejó de que la mayoría de los auditores de ese organismo eran amigos o familiares de los diputados locales y no tenían los conocimientos necesarios para cumplir su función.

Ese tipo de casos llegó al extremo que en el área de notificaciones estaba una publicista, cuando el puesto requería ser ocupado por un abogado.

Comentó que en Guerrero sólo hay nueve agentes del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos en los 85 municipios del estado.

Investigaciones “sofisticadas”

Chrístel Rosales de México Evalúa recalcó que los casos de corrupción requieren de investigaciones más sofisticadas, con el objetivo de entender patrones y modos de operación de estructuras criminales.

Los ministerios públicos están acostumbrados a investigar caso por caso y eso genera investigaciones muy deficientes y limitadas.

Los casos que llegan a judicializarse casi siempre tienen que ver con delitos patrimoniales y en algunos casos abusos de autoridad.

“Lo que casi no se logra hacer es demostrar casos de cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento o delitos contra la administración que ocurren, pero no se sustentan con base en pruebas”, dijo Rosales.

Dalia Toledo, mencionó que no es lo mismo investigar un homicidio que un caso de corrupción, que requiere especialización en técnicas para identificar lavado de dinero desvío de recursos, uso de tecnología de la información.

La idea de tener fiscalías anticorrupción es tener especialistas que conozcan cómo se cometen ese tipo de actos, en donde investigar y fiscalizar.

En ese sentido, Chrístel Rosales apuntó que generalmente se considera a las fiscalías como brazos políticos o mecanismos de control de los gobiernos.

Narrativa oficial no ayuda

Estefanía Medina Ruvalcaba dijo que desde el gobierno federal se ha desplegado una narrativa contra la corrupción contradictoria, porque por un lado se dice que un elemento toral será el combate a la corrupción, pero también se plantea si debería haber algo así como un borrón y cuenta nueva. Luego se optó por una consulta popular para preguntar si se debería investigar a expresidentes y finalmente hay investigaciones deficientes con énfasis en denuncia y pocos interés en realizar investigaciones serias y completas.

“Es una narrativa para hacer creer que se está haciendo algo en la materia, para tratar de cumplir con las expectativas generadas al inicio del gobierno, pero en los hechos se buscan resoluciones arregladas”, dijo Medina.

Llamó la atención que el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido desdeñado por el gobierno desde que inició la presente administración, y se ha dado la señal de que esa no es la vía para atacar la corrupción, por lo que se ha ido quedando anquilosado.

Chrístel Rosales dijo que la narrativa del gobierno realmente debería sustentarse con los resultados de las fiscalías. “Si no vemos que tienen buenos resultados no podemos sostener que hay un combate real a la corrupción y a la impunidad”, dijo.

diego.badillo@eleconomista.mx