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Preocupa a Segob restricción a la movilidad en 340 municipios por Covid-19
“La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías" acotó la Secretaría de Gobernación.
La Secretaría de Gobernación llamó a los gobiernos estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante el periodo de la contingencia a causa del virus SARS-CoV2 (Covid-19).
“La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías. Por ello, las autoridades que apliquen medidas que restrinjan derechos ante la pandemia, deben asegurarse que tienen competencia explícita para hacerlo y que las medidas sean proporcionales para evitar incurrir en actos de abuso de autoridad, que violan derechos y suelen tener un efecto desproporcional sobre grupos excluidos o históricamente discriminados”, dijo.
A través de un estudio elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Segob criticó el establecimiento de un “toque de queda” en al menos 31 municipios de 11 estados: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.
También que el gobierno de Sonora haya ordenado el programa “Quédate en casa obligatorio fase 2”, facultando a las corporaciones policiales a arrestar con uso de la fuerza pública a las personas en caso de no respetar la medida. También mostró preocupación el "toque de queda" en ciertos horarios se implantó en 11 municipios.
La Segob recordó que los gobiernos de Michoacán y Jalisco decretaron el aislamiento obligatorio, señalando sanciones como multas, arrestos y trabajo comunitario a la persona que lo incumpla, “lo que puede llevar al uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública”, advirtió.
En tanto, cuestionó que los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron el cierre de fronteras entre sus estados con el uso de retenes y el control estricto de los 21 puentes fronterizos entre sus entidades con Estados Unidos.
Asimismo, la Segob criticó que en 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia, lo que equivale al 20% de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados.
La dependencia sostuvo que cualquier acción de servidores públicos que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona puede constituir el delito de tortura. “Por ello es importante que ninguna medida que se considere incluya la aplicación de castigos físicos”, dijo.
Añadió que a su juicio, “la suspensión de actividades laborales no esenciales es clave para lograr la reducción de la movilidad en el espacio público y, por tanto, frenar la propagación de la epidemia”.
La Segob tomó nota de que en 12 entidades ya se han registrado movilizaciones de diversos sectores económicos, formales e informales, en contra de las medidas.
