Presidente saliente del Consejo Ciudadano del INM denuncia falta de atención a recomendaciones 

Mauro Pérez Bravo, presidente saliente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), indicó que, tras lo ocurrido en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas el año pasado, solicitaron la renuncia del comisionado Francisco Garduño y exigieron una disculpa pública, la cual aún no ha sido ofrecida de acuerdo a los estándares internacionales.

Durante la presentación del Informe Final de Actividades 2022-2024, mencionó algunas dificultades encontradas en su encargo, como la falta de respuesta por parte de la Defensoría Pública en la implementación de un convenio para garantizar la presencia de abogados en estaciones migratorias. Además, mencionó el estancamiento de propuestas de reforma, como las normas de funcionamiento de las estaciones migratorias.

“Vimos, por ejemplo, el tema de las detenciones y de las revisiones y verificaciones migratorias. Ellos (las autoridades) siguen insistiendo en hacer sus revisiones bajo la figura de las verificaciones migratorias. Lo que yo le dije al subcomisionado, (es que) nos parece algo grave que estén conscientemente usando y torciendo la ley cuando ya declaró la corte que es inconstitucional, ustedes bajo otros supuestos y otras figuras jurídicas lo estén, lo continúen haciendo y lo van a hacer. Ellos me dijeron (que) lo van a seguir haciendo”, denunció.

Según lo dicho por el ahora expresidente del Consejo Ciudadano, una de las principales frustraciones que experimentó en el cargo fue la falta de diálogo y colaboración por parte del personal del INM tras el incendio de la estación migratoria de la ciudad fronteriza.

“Yo pensé que el diálogo y la comunicación cambiarían (tras el incidente) o al menos la gestión del Instituto, en relación con las personas migrantes y refugiadas. Lo desesperante y frustrante fue que, en realidad se recrudecieron, y esto sí soy muy enfático, se recrudecieron las políticas públicas migratorias basadas en la militarización, contención, detención y deportación.

“El Instituto Nacional de Migración quiso vendernos la idea de que, pintando las estaciones migratorias, las continuas violaciones a derechos humanos terminarían o al menos se disfrazarían (…) Nosotros (el Consejo Ciudadano del INM) nunca, en ningún momento, avalamos ni estuvimos de acuerdo con este disfraz que hizo el instituto de pintar las estaciones migratorias. Nosotros no compartimos eso y nunca participamos de eso”, compartió.

Además, aseguró que el Instituto Nacional de Migración se volvió un ente de control público migratorio guiado por la opacidad, el militarismo y el rechazo a las personas en calidad migrante y refugiadas.