Prevé INE instalar menos casillas para revocación

De confirmarse la negativa, del gobierno federal, de otorgar al INE una ampliación presupuestal, de más de 1,700 millones de pesos, para llevar a cabo la consulta sobre Revocación de Mandato, el consejero electoral Ciro Murayama afirma que el plan “b” del instituto es organizar el ejercicio con un tercio de las 160,000 casillas que se han estimado colocar, número similar a las colocadas para la consulta popular del año pasado.

Entrevistado por El Economista, Murayama indica, por otra parte, que se tiene conocimiento que el proceso penal por la denuncia en su contra y, otros cinco consejeros más, sigue en marcha pese a lo dicho por la Cámara de Diputados, que anunció que buscaría detenerlo.

El consejero habla, también, sobre el caso de Pío López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel, señalado por violar las leyes electorales; el uso de los fideicomisos del INE y lo que considera como una campaña del gobierno federal contra el órgano electoral.

—¿Puede o no utilizar el INE los recursos de fideicomisos como lo propuso el gobierno federal para la revocación?

El primer fideicomiso, que se refiere al de infraestructura y mantenimiento a módulos de atención ciudadana, justamente pretende respaldar financieramente los equipos con los que opera la credencialización.

Y el otro, el de pasivo laboral, justamente nos permite cumplir con nuestras obligaciones como patrón cuando la gente se retira (...) El gobierno lo que nos está proponiendo es que vulneremos los derechos de los trabajadores del INE, cosa que sería del todo ilegal.

Sería un contrasentido (usarlos). Nosotros tenemos la obligación de credencializar a la población, sabemos que la credencial para votar, en los hechos, es la cédula de identidad ciudadana en nuestro país; pues sería dañar ese servicio y ese derecho de los ciudadanos, estaríamos dañando a la ciudadanía, dañando un servicio para cumplir unas cuantas casillas más en la revocación. Sería un contrasentido que, al ampliar un derecho, se dañe otro.

—¿Busca el Ejecutivo federal doblegar al INE a sus determinaciones con la consulta de revocación?

La revocación está siendo utilizada como un arma para, en efecto, doblegar al INE en temas donde el INE ha salido airoso ante los tribunales. Apenas, el 29 de diciembre, el Tribunal Electoral dijo que no podía afectar los derechos laborales ni dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales, como es la credencialización, para hacer la revocación.

Y la Suprema Corte de Justicia, desde hace cuatro años, viene protegiendo las percepciones y prestaciones laborales de los trabajadores del INE y, ahora, el gobierno incluso pretende que nosotros desoigamos los pronunciamientos jurisdiccionales y que nos saltemos al tribunal y la Corte para cumplir el capricho del gobierno que, a veces, ya dejó de ser austeridad para ser austericidio.

Es muy preocupante que, este gobierno, que llegó al poder en unas elecciones intachables, organizadas por el INE, esté empeñado en afectar a esta institución autónoma.

—¿Está en juego el prestigio del INE con la revocación?

El INE va a organizar la Revocación de Mandato (...) va a haber casillas en todas las secciones electorales. Desde ese punto estamos tranquilos, lo que nos preocupa es que no sea posible instalar tantas casillas como dice la ley, es decir, 161,000. Pero, en efecto, al INE se le quiso poner una trampa (...) cuál es la trampa: colocarlo en una situación desde donde se le acuse de ser ineficiente por una decisión presupuestal  tomada desde el poder. Fue ello lo que nos llevó a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El plan “b” (derivado de la negativa a más recursos) sería ajustar el número de casillas sin dejar de estar presentes en todas las más de 60,000 secciones. Si (la Secretaría de) Hacienda se niega, será el gobierno federal el que esté poniendo diques a que haya las 160,000 casillas; operaríamos con alrededor de un tercio de esas casillas, como ocurrió con la consulta popular de agosto pasado, y con eso el INE cubriría el expediente pero, en efecto, nos estamos preparando para readecuar nuestros planes si encontramos otra vez la cerrazón del gobierno, que es lo que ellos están adelantando que van a hacer.

Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que la ciudadanía avala el trabajo del INE, pero lo que nos preocupa es el frente más jurídico y, por eso, estamos muy complacidos con los pronunciamientos de la Corte y del Tribunal Electoral que nos dan cobertura para que, si no hay los recursos suficientes, podamos no instalar todas las casillas porque esa era la trampa que nos estaban poniendo: negarnos los recursos, que fuéramos a instalar menos casillas y entonces acusarnos de violar la ley.

—¿Cómo va el tema de las denuncias penales en su contra y otros consejeros?

La denuncia que presentó el presidente de la Cámara (de Diputados, Sergio Gutiérrez) y que es la hora que no ha hecho público, aunque lo dijo, anunció, que iba a tomar medidas para frenar esas acciones, no ha hecho público ningún escrito en el que haya pedido a la Fiscalía (General de la República) que no siguiera adelante y la Fiscalía Anticorrupción no ha cerrado las carpetas, por lo que nosotros sabemos todavía este año ha estado haciendo requerimientos a funcionarios del INE para que informen de los acuerdos por los cuales supuestamente violamos la ley.

A pesar de que el presidente de la República no estaba de acuerdo con la vía penal, la espada de Damocles sigue afilada porque las carpetas están abiertas contra seis consejeros y el secretario Ejecutivo del INE. Lo que vemos es una campaña muy agresiva, incluso usando instrumentos propios del autoritarismo, como es amenazar con cárcel o amedrentar a quien no se cuadra a los designios del poder y, en esa circunstancia, estamos en una campaña muy autoritaria hacia el INE y sus integrantes.

—En otro tema. El Tribunal Electoral instó a la fiscalía para que entregue el expediente de Pío López Obrador al INE, ¿ya tuvieron acceso a la carpeta?

No, aún no. Ya existe esa sentencia del tribunal que obliga a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a no ponernos el secreto ministerial para poder investigar ese caso, de Pío López Obrador, pero otros también como el de Odebrecht que no hemos podido profundizar justamente por la negativa de la fiscalía de abrir el expediente al INE y saber si hubo algún financiamiento irregular de las campañas (cuando fue electo presidente Enrique Peña Nieto). Es un asunto que aún está por verse.

hector.molina@eleconomista.mx