Lectura 4:00 min
Que el presupuesto de sistemas sea independiente
Entre las iniciativas de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción está la integración de la UIF y el SAT como miembros del Comité Coordinador.
Entre los retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se encuentra la homologación entre las leyes locales y federal, diversos nombramientos para su conformación y su independencia presupuestal, afirmó el presidente del Comité Coordinador del sistema, José Octavio López Presa.
En el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República se deberá nombrar a nueve integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, luego de que se extendiera el plazo para su designación.
De acuerdo con el documento “Pluralidad y consenso”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, López Presa explicó diversas modificaciones que considera para fortalecer el SNA, entre ellas establecer un proceso de designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de los sistemas locales, y la necesidad de crear un ramo independiente en el presupuesto que pueda garantizar su autonomía.
“Este ramo no debería pasar por el Ejecutivo federal ni los ejecutivos estatales y debe calcularse con base en un porcentaje del presupuesto total federal de la siguiente manera: 20% para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción y 80% restante dividirse entre las 32 fiscalías anticorrupción estatales”, detalló.
Asimismo, el presidente del Comité Coordinador del SNA indicó que los servidores públicos adscritos a las fiscalías deben formar parte de un servicio profesional de carrera y se deben establecer parámetros mínimos para los perfiles de dichos funcionarios.
Entre ellos, López Presa propuso que no se debe pertenecer, ni haber formado parte de partidos políticos en los últimos cuatro años antes de su incorporación, ni haber sido directivo de partidos políticos en los últimos siete años; gozar de impecable reputación pública y no haber sido sancionado por autoridad administrativa, civil o penal.
Tampoco deberán tener antecedentes penales y deberán contar con experiencia laboral comprobable de al menos 10 años.
Finalmente, planteó que las fiscalías anticorrupción deberán contar con áreas de protección de denunciantes, las cuales deberán coordinarse conforme a las convenciones contra la corrupción que México ha firmado y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia.
Iniciativas
Desde el Senado se han planteado diversas iniciativas para modificar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; entre las propuestas se encuentran que tenga la facultad de emitir recomendaciones públicas vinculantes ante las autoridades respectivas y darles seguimiento en términos de la ley. Dicha iniciativa fue propuesta por la bancada de Acción Nacional.
Por su parte, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Alta planteó que un representante del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sea integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y, del mismo modo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, tenga el carácter de invitado permanente a las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.
Revés a inhabilitación
Sobrino de Padierna deja caso Robles
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, fue rotado de su puesto en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, por lo que ya no llevará el caso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, que actualmente se encuentra presa en Santa Martha Acatitla.
El Consejo de la Judicatura aclaró que la rotación es parte de la implementación del Sistema Penal Acusatorio que incluye nuevos esquemas de gestión judicial, por lo que los jueces de Distrito especializados en el SPA serán administradores del centro de su adscripción de forma anual, rotativa y conforme a un calendario.
Delgadillo Padierna tendrá funciones de juez administrador, lo que significa que ya no conducirá ninguna audiencia durante un año.
Desde el inicio del caso contra Rosario Robles, acusada de desviar recursos públicos, su defensa y la propia exfuncionaria peñista habían denunciado un posible conflicto de interés por parte del juzgador, al ser sobrino de la legisladora morenista.
Por otra parte, la magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, concedió a Rosario Robles la suspensión definitiva contra la inhabilitación ordenada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La sanción de la dependencia a Robles consistía en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 años. (Redacción)
