¿Qué sucede afuera de la casa de transición de López Obrador?

Las personas llegan a la casona de Chihuahua 216 desde las 6 am a formar fila al lado izquierdo de la puerta de entrada. Muchas esperan entrevistarse directamente con Andrés Manuel López Obrador. Toca a un equipo de atención ciudadana decidir quiénes transpondrán la puerta para ser atendidos dentro. Muy pocos lograrán audiencia con López Obrador.

Falta de empleo, de acceso a la justicia, a la salud, a la vivienda, son los casos —derivados de las desigualdades prevalentes en el país— más comunes. Los hay urgentes, en el que la vida del solicitante va de por medio, al no tener recursos para pagar un tratamiento contra el cáncer que padece. Otros más son dolorosos, se trata de peticiones de ayuda para encontrar a familiares desaparecidos.

También hay quienes llegan a presentar proyectos productivos a quien llevará el rumbo del país desde el 1 de diciembre próximo, convencidos de la pertinencia de su iniciativa. A diferencia de los fólders con solicitudes de empleo, expedientes médicos o investigaciones sobre juicios en curso, a los emprendedores se les distingue por llevar portafolios. Algunos más sólo quieren saludar personalmente a López Obrador.

No existen datos aportados por los colaboradores de López Obrador sobre la gente que espera. No hay cifras oficiales sobre cuántas personas llegan a diario a la casona de la colonia Roma de la Ciudad de México. No hay quien explique los criterios para determinar quién es atendido dentro de la casa ni para decidir quién logrará la deseada audiencia con el tabasqueño. Lo único verificable es el fénomeno espontáneo que se inició la mañana del 2 de julio, muy pocas horas después de confirmado el triunfo de López Obrador en la elección presidencial del domingo previo.

El equipo de atención ciudadana escucha en la banqueta las exposiciones que cada una de las personas hace de los problemas que les llevó a solicitar la ayuda de López Obrador. Llegado su turno, cada persona trata de relatar situaciones que en algunos casos se han prolongado por décadas, esperando expresar también lo apremiante, lo desesperado y/o lo doloroso de su caso.

El personal explica a cada persona que no pueden adelantar ninguna promesa, toda vez que López Obrador aún no toma protesta como presidente. El único compromiso que asumen es que tan pronto arranque el nuevo gobierno, se formará una oficina que revise los documentos que hoy dejan, para dar seguimiento a cada problema. 

La actividad del equipo, encabezado por Leticia Ramírez, comienza poco antes de las 8 am y se prolonga muchas veces hasta pasadas las 7 pm, sólo interrumpida de 3 pm a 4:30 pm por el tiempo para comer. Son cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— las que se turnan en parejas las salidas de la casa para recibir los documentos a cada una de las personas en la fila, a las que se extiende luego un documento que hace las veces de acuse de recibo. Ante la solicitud de entrevista, Leticia Ramírez sólo dijo que tiene la instrucción de no hacer ninguna declaración a los medios.

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Habla despacio —como quien sopesa la precisión de cada palabra antes de pronunciarla— y con una dicción clara. Froebel Pérez Pérez es maestro de educación básica. Viene desde Nicolás Romero, Estado de México, en un trayecto de 2 horas. Toma un lugar en la fila, pero no trae consigo un fólder. Es la segunda vez que viene, explica. En la brevísma entrevista que una de las integrantes del equipo de atención ciudadana le hace, Froebel expresa que espera poder entrevistarse con López Obrador para plantearle su proyecto. “Va a estar muy ocupado estos días”, le explican. 

“Espero que en un futuro se dé la oportunidad de dialogar con él”, dice Froebel. El maestro espera poder plantear a López Obrador un proyecto de tiendas que ofrezcan productos alimentarios de elaboración artesanal así como de la canasta básica, con descuentos entre 10% y 20%, en beneficio de las familias.

Luego de dejar su testimonio generoso en la grabadora, minutos después el maestro Froebel se acerca. Quiere verificar si su exposición fue lo suficientemente convincente y clara, sabedor —dice— de que estará sujeta a exámen para considerar si se incluirá o no en el artículo en curso. Fuera de la grabación, expone más detalles de su plan, y añade sus grados académicos: cuenta, además, con estudios en Administración de Personal. Espera que sus méritos le den un espacio.

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Beatriz Aguilar llegó con su hijo a las 6 am. Hay apenas unas cuantas personas formadas y las actividades en la casa no inician sino hasta las 7 am. Decide retirarse y volver más tarde. Llega por segunda vez en el día pasadas las 7:20 am. Como tantos otros, trae con ella un folder, que porta en la mano como si de una seña de identificación se tratara. En la otra mano, lleva un bastón. Cuando toca su turno de ser atendida, entrega el folder a la encargada. Hace una exposición apurada, en la que intenta concentrar en 5 minutos todo detalle importante de un problema que abarca casi 10 años.

El esposo de Beatriz fue uno de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que perdió su trabajo luego de que el 11 de octubre de 2009, un decreto de Felipe Calderón dispusiera la extinción de la empresa estatal. Javier Lozano, secretario del Trabajo en el sexenio calderonista, aconsejó a los trabajadores de la estatal que aceptaran la liquidación. El Sindicato Mexicano de Electricistas se negó a aceptar el decreto presidencial. El esposo de Beatriz, en cambio, fue de los trabajadores que aceptaron la liquidación ofrecida por el gobierno de Calderón, bajo la promesa de ser luego contratados por la Comisión Federal de Electricidad.

“Javier Lozano no cumplió... ninguno de esos señores cumplió”, dice Beatriz.

“No tenemos para vivir, no tenemos para comer, por éso estoy aquí. Yo trato y trato. Trabajo cuidando niños, limpiando casas. La liquidación de mi esposo fue mínima, sólo duró dos años, y ahora no le dan trabajo en donde ha tocado puertas. Obedeció al señor Javier Lozano, obedeció al señor Felipe Calderón. Ahora, el señor Martín Esparza —líder del SME— les tiene prohibido a los que se liquidaron acercarse al sindicato. Se quedaron con sus cuotas sindicales luego de 23 año de trabajo. Ese dinero no se lo dieron”, cuenta Beatriz. 

Mientras establece la relación de los hechos —en la que se van sumando los problemas que ha enfrentado su familia—, la velocidad de su exposición se acelera, esperando que el dolor no la alcance. No lo logra. Sus ojos se llenan de lágrimas, y su voz se torna desesperada. Ha esperado por años a que mejore la situación para su familia. No ha sucedido, y ahora su salud también está afectada.

“Por éso le pido al señor que me escuche, porque ya no puedo más, que escuche al pueblo”, dice Beatriz en medio del llanto. Se refiere a López Obrador. En la frase hay reminiscencias religiosas. Pero aquí, en las afueras de la Casa de Transición, expresan una petición secular a quien tomará posesión de un cargo de autoridad terrenal.

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Julio Alberto García Mateos logró arrancar sonrisas francas a la joven que lo atendió. Una singularidad en la fila en la que las tragedias derivadas de las desigualdades se siguen una a la otra y se relatan con gravedad.

Julio Alberto llegó desde Chilpancingo, Guerrero. Es difícil no empatizar con el entusiasmo que rezuma al hablar. El folder que entregó contenía solicitudes de empleo —así, en plural—, dirigidas a López Obrador. Presentó la suya y las de varios de sus compañeros estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, egresados todos de la licenciatura en Economía. 

Cuenta que tomó la comisión de venir en representación de todos ellos, dado que la precaria situación económica a algunos, y las obligaciones de trabajo a otros, les impidieron venir. “Como algunos son de la montaña, otros de la costa, otros de Metlatónoc —el segundo municipio más pobre del país—, me pidieron de favor que entregara sus solicitudes”, cuenta Julio Alberto. “Esperamos que haya respuesta favorable”, apunta reflexivo. Y sonríe.

La joven que le atendió le explicó que tan pronto López Obrador tome posesión del cargo, la administración entrante abrirá una oficina alterna que ofrezca una solución a los casos que les hagan llegar durante este proceso de transición. “Le comenté a la señorita que ojalá sea así y que no sea nada más la palabra, porque si no estaríamos otra vez vagando en un sueño guajiro de ver ese cambio, esa respuesta, que la sociedad quiere”, dice en un tono que suena menos a reclamo, y más a amable consejo al nuevo gobierno. 

Para que la promesa se cumpla, aún media una espera de 5 meses. Hasta entonces, Julio Alberto y sus compañeros seguirán con sus actuales actividades. Ahora, algunos son empleados; otros, comerciantes; unos más, “están buscando, no esperando”, un trabajo. Su esperanza común es poder acceder a un empleo relacionado con la profesión que acreditaron luego de sus estudios.

Después de ser atendido, Julio Alberto se coloca en la acera frente a la Casa de Transición. Se le ve emocionado al atestiguar los movimientos de entrada y salida de los futuros jefes de cartera. Volverá el siguiente día a Chilpancingo, llevando las noticias e impresiones de este viaje a sus compañeros.

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—¿Sabes cuándo vas a ganar la demanda? Nunca.

—¡Pero tengo 28 años de antigüedad y están todas las pruebas a mi favor!

—Nunca las vas a ganar... ¿quién crees que le paga a las Juntas Federales? ¿Quién crees que les paga a los magistrados? ¿Quién crees que le paga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¡El gobierno! Son federales. ¿Y Pemex qué es? Pues es federal...

El fragmento pertenece al relato de Tomás Escalante Salas. Vino a la Ciudad de México, desde Villahermosa, Tabasco, para “hablar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, y contarle que faltando dos años para jubilarse, Petróleos Mexicanos le rescindió su contrato de planta, luego de 28 años de trabajo, por acusaciones que no especificó, pero de las que es inocente, insiste enfático toda vez que toca el tema durante la entrevista.

El breve diálogo referido al inicio es parte de un encuentro informal, en Villahermosa, Tabasco, que Tomás tuvo con un grupo de ingenieros de Pemex —a los que conoció cuando trabajó en la estatal—, en el que les participó que había presentado una demanda contra la empresa para que le fueran restituidos su trabajo y sus derechos laborales. Tomás termina el relato de este diálogo, con una reflexión: “Con éso me dijeron muchas cosas...”. Gira su cabeza a un lado, y con un gesto que concentra frustración y resignación a la vez, dirige sus ojos grises a la lejanía.

“Yo confío en el licenciado Andrés Manuel López Obrador porque es una persona de justicia, para la que lo que es legal es legal, pues es muy recto. Sólo pido que el que vaya a nombrar director de Pemex cheque mi expediente. Si hay algo que considere que yo tuve la culpa, ahí termina el asunto”, dice Tomás. Hace una pausa, y añade: “Pero si ven que yo soy inocente, pues ahí están las pruebas, pues...”, y termina la frase con un gesto de la mano izquierda, como quien señala lo que está a la vista de todos, lo evidente, disponiéndolo a la vista de todos.

Tomás fue operado de los pulmones hace cuatro meses y perdió la visión del ojo izquierdo. Regresa a Villahermosa el mismo día que llegó; un viaje de 12 horas, en la corrida de autobús directa. “Ya empezó a hacer justicia”, dice Tomás con convicción, refiriéndose a López Obrador.

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Prefirió omitir su nombre, pero accedió, luego de pensarlo brevemente, a relatar su situación. Llegó a las 6:30 am a hacer fila, desde el Estado de México, luego de un trayecto de 2 horas. Cuenta que ahora está desempleado. Con un diagnóstico de esclerosis múltiple, acudió a “pedir una oportunidad de trabajo al señor López Obrador”, dice. No obstante, su solicitud no comprende ayuda para los cuidados médicos que requiere. “Trabajaba en un cafetería, y después del diagnóstico tuve que pedir incapacidad para mis cuidados y el tratamiento que debo llevar, por ello cuento con la atención en el Seguro Social”, explica. 

Joven —no puede rebasar los 25 años—, alto, prolijo en su aspecto, al principio sólo se deduce alguna condición médica por el bastón con el que se ayuda para caminar. Ya frente a él, y luego de saber de su afección, se hacen evidentes aquí y allá las señales de la enfermedad: un tic que se alterna entre los párpados, una leve contractura en un músculo facial. 

Gracias a que fue de los primeros en la fila, sus documentos fueron recibidos y su situación escuchada cerca de las 8 am. Refiere que le entregaron un documento que hace las veces de acuse de recibo, y que lo registraron en un listado que lleva el equipo de Atención Ciudadana. “Tengo que esperar, ver si se contactan conmigo”, explica.

Sale de la fila y se sitúa del otro lado de la puerta de acceso a la casa, sitio ocupado por los medios de comunicación. Despliega la estructura de su bastón para convertirlo silla, y se sienta en ella. Espera. López Obrador llega alrededor de las 8:45 am. El joven se incorpora y busca con la mirada al virtual presidente electo. Una multitud se arremolina en torno al auto blanco, que logra entrar a la casa cruzando al gentío. Una vez dentro, el presidente electo saluda tras la reja y se encamina a las oficinas. Todos afuera vuelven a sus sitios. El joven decide irse.

—¿Esperabas entrevistarte con López Obrador?

—No directamente con él, pero sí con alguien cercano... No se pudo.

Sigue su camino.

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Cristal González Ruíz es secretaria municipal de Teotitlán del Valle, Oaxaca. El municipio, ubicado a 30 km de la capital del estado, vive del turismo. Cristal cuenta que luego de sucesivas administraciones del PRI, el actual gobierno es de signo morenista.

Por encomienda del presidente municipal, Cristal llegó a la Casa de Transición con la consigna de entregar personalmente una invitación a López Obrador para asistir a la inauguración del Centro Cultural Comunitario de Teotitlán, proyecto con el que buscan —explica Cristal— detonar la economía del municipio.

La joven, de trato afable, hace una rápida y clara exposición al equipo de atención ciudadana. Luego, el protocolo de rigor: recepción de papeles y acuse de recibo, salvo que —contrario a la norma— Cristal y el joven que le acompaña, un chico de larga cabellera, no salen de la fila. Permanecen en ella, avanzando de a poco conforme los que les siguen van abandonando la formación, hasta situarse justo al lado de la puerta de entrada. En algún momento, la puerta abre, y el guardia da acceso franco a par de jóvenes. Salen unos minutos después, y, ya en la calle, buscan un lugar un lugar protegido por la sombra; pasan de las 12 del día, y el sol cae a plomo.

“Nos dijeron que no podíamos verlo porque está en múltiples actividades, lo cual entendemos perfectamente... Pero nos recibieron nuestra documentación, que era parte importante de nuestro cometido”, comparte la joven. Llegaron el domingo a la Ciudad de México y regresan a Teotitlán del Valle este lunes, cumplida, en parte, su comisión. El día 18 de agosto, a partir de la 1 de la tarde celebrarán la inauguración del Centro Cultural, todo indica, sin la presencia del presidente electo. “Los que gusten venir, están cordialmente invitados”, añade Cristal.

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“Yo sé que si lo veo aunque sea treinta segundos, él reaccionaría diferente conmigo, o mejor que las secretarias... Pero yo no pido por mí en especial. Somos muchos los necesitados, pero... en este caso es la vida. No puede ser que alguien deba morir porque no tiene dinero para las medicinas…”.

Ángel Vázquez Cocón se escucha desolado. Tiene un cáncer de próstata por el que padece fuertes dolores y le dificulta el caminar. Es el segundo día consecutivo que viene a formarse. El día anterior olvidó un documento, y éste vino a entregarlo. Así como ayer, hoy vino con la esperanza de tener audiencia con López Obrador, a quien asegura haber conocido en Macuspana, cuando ambos eran adolescentes.

Hace un año, Ángel se presentó ante López Obrador en un evento realizado —relata— en Quintana Roo, para solicitarle ayuda para el tratamiento de la enfermedad que le aqueja. En aquella ocasión, Ángel le recordó a Andrés Manuel el pasado común, y así juntos evocaron anécdotas en el terruño compartido durante su juventud. El encuentro terminó con López Obrador entregando una tarjeta personal a Ángel, con una instrucción escrita en sus márgenes: “Todo el apoyo a Ángel Vázquez. Dirigido a Laura Nieto”, rematada con su firma.

Ahora, Ángel se acerca de nueva cuenta al ahora presidente electo, pues —cuenta— “desde enero la Asociación Nacional Contra el Cáncer no han mandado ni una quimioterapia, no tengo los recursos para comprarla, no tengo pensión”, por lo que recibe atención en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Salud. Ángel fue técnico con varios grupos musicales, “entre ellos el de Chico Che y La Crisis y el grupo tabasqueño Los Bárbaros”, cuenta con un dejo de orgullo, que apenas se adivina por el rictus de dolor. El trabajo siempre fue informal, por lo que carece de seguridad social.

Si quimioterapia y casi sin morfina, con la que se ayuda a mitigar el dolor, a Ángel se le ve desesperado.

“Me dijeron que iban a dar prioridad a mi caso por la urgencia que tengo de la quimioterapia”, fue la respuesta del equipo de atención ciudadana de la oficina de su paisano. “No puede ser que alguien deba morir porque no tiene dinero para las medicinas…”.

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Patricia Segundo Victoriano pidió el día en el trabajo para venir a ver a López Obrador, o entrevistarse con alguien de su equipo, y pedir ayuda para poder adquirir una vivienda. Acompañada por su madre, llegan a la fila, pasado el mediodía.

Tan pronto toma lugar en la fila, le atiende una joven del equipo de atención ciudadana. El ritual que se actualiza cada vez que llegan alguien a formarse: la entrega de los documentos acompañada de una atropellada sinopsis que hace todo solicitante, mientras la receptora escucha atenta para cerrar con la aclaración de que en lo inmediato no pueden asumir compromisos hasta que López Obrador no tome posesión del cargo.

Todo se realiza en un lapso apenas mayor a los 10 minutos. Y Patricia pidió todo el día. Unas palabras entre ella y su madre, y deciden partir.

Alcanzadas sobre la Avenida Monterrey, Patricia accede a relatar por segunda ocasión tras hacerlo en la fila, la situación que le trajo hasta aquí. “Estábamos en un grupo de indígenas que gestionaban vivienda, pero los líderes no nos tomaron en cuenta”, dice Patricia, y calla, terminando la entrevista. Interviene su madre, y acota: “Los líderes nos cobran de 100 mil a 150 mil pesos para ayudarnos a conseguir vivienda, pero luego no la dan. Cobran el dinero pero luego no dan las viviendas...”.

“Por éso vinimos aquí directamente para que nos apoyen”, sigue Patricia, terminando la oración de su madre. Las dos mujeres mazahuas viven en la Ciudad de México. Tras lo dicho, reempreden el camino a casa.

—¿Regresarán?

­—Ahorita no nos pueden dar una respuesta hasta que el presidente... bueno, Andrés Manuel, tome la presidencia. Hasta entonces nos acercaremos otra vez —responde.

leon.martinez@eleconomista.mx