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Rechazan discutir leyes vs tortura y desaparición
Ambas legislaciones, previamente calificadas como prioritarias, tendrán que esperar hasta septiembre para ser analizadas, debatidas y votadas en medio de la exigencia para avalarlas.
El Congreso de la Unión ha dejado en segundo término leyes que han solicitado víctimas de los delitos, como es el caso de la ley contra la tortura, contra la desaparición forzada y contra el desplazamiento forzado interno.
Los legisladores no aceptaron tratar en el periodo extraordinario la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya minuta está en la Cámara de Diputados; tampoco aceptaron abordar la ley contra la desaparición forzada y desaparición forzada cometida por particulares, cuyo dictamen se encuentra en el Senado.
Ya venció el plazo constitucional para que ambas leyes fueran expedidas. Pese a esto, tendrán que esperar hasta septiembre para ser analizadas, debatidas y votadas en medio de una exigencia ciudadana para avalarlas.
Por otro lado, se encuentra la elaboración de un ordenamiento contra el desplazamiento forzado interno, fenómeno que la ONU reconoce como el fenómeno de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida .
La CNDH publicó el primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, el cual detalla que este problema afecta a más de 35,000 personas y que Tamaulipas tiene el mayor número de víctimas con 20,000; seguido de Guerrero, con 2,165 casos; Chihuahua, con 2,008, y Veracruz, con 1,131 casos.
Ante esto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Segob que entregue un informe sobre este fenómeno, incluyendo la creación de un registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.
Mientras que Zoé Robledo (PRD) presentó un punto de acuerdo que exhorta a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda del Senado a que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, la cual fue presentada el 18 de diciembre del 2012.
