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Rechazan juzgar a menores como adultos
El Senado aprobó por unanimidad un nuevo marco de justicia especializada para niñas, niños y adolescentes, desde los 12 hasta los 25 años, el cual ordena que cuando cometan delitos o actos de crimen organizado se les restringirá la libertad con un tratamiento especializado.
El Senado aprobó por unanimidad un nuevo marco de justicia especializada para niñas, niños y adolescentes, desde los 12 hasta los 25 años, el cual ordena que cuando cometan delitos o actos de crimen organizado se les restringirá la libertad con un tratamiento especializado.
A la luz de casos como el de Édgar Jiménez, el niño de 14 años que asesinaba para algunos grupos del crimen organizado, los senadores se negaron a insertar en esa norma la posibilidad de que los menores sean investigados y juzgados como mayores de edad.
El dictamen aprobado por 75 votos y turnado a la Cámara de Diputados incluye la medida de internamiento en tiempo libre , que es la restricción de la libertad del menor, quien permanecerá en un Centro Federal de Internamiento el tiempo que se le imponga, que no podrá ser inferior a un mes ni exceder los cuatro años.
Se asienta que el menor de 12 años a quien se le atribuya un delito quedará exento de toda responsabilidad y no se procederá penalmente contra aquellos que padezcan de algún trastorno mental que les impida comprender la trascendencia y las consecuencias del delito.
Para personas de los 12 a los 18 años (adolescentes) y de los 18 a los 25 años (adultos jóvenes) se considera un nuevo marco de justicia.
Se crea un nuevo sistema de justicia para adolescentes que pondera la libertad como un derecho fundamental y considera el principio de presunción de inocencia; especialización en su procesamiento; reintegración social y familiar del adolescente, y justicia restaurativa.
Cualquier medida que implique una restricción a este derecho debe aplicarse de forma excepcional, como último recurso y durante el tiempo más breve que proceda, sólo en aquellos casos en que se trate de conductas consideradas como graves , establece.
El sistema queda conformado por ministerios públicos de la Federación para adolescentes; defensores públicos, jueces de Distrito, jueces de Distrito de ejecución de medidas para adolescentes, magistrados de circuito, la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes y los directores de los centros federales de internamiento para adolescentes.
Por su situación especial, los adolescentes y adultos jóvenes deben tener un trato diferente al que reciben los adultos. Con ello, se garantizan tres puntos centrales: que sea ponderada y, a su vez, respetada la especial situación en la que se encuentran; que sea administrada a los menores una justicia imparcial y eficaz, y que exista eficiencia en las labores realizadas por los órganos y autoridades encargados de su atención y proceso , destaca el dictamen.
jmonroy@eleconomista.com.mx