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Recomendación, por tortura de PF
El organismo recomendó a la SSPC reparar el daño al agraviado. Mientras que a la FGR instó a realizar las diligencias necesarias para determinar el delito de tortura.
CNDH - 15.DICIEMBRE.2014. EN IMAGEN ASPECTOS DEL EDIFICO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por la tortura y detención arbitraria de una persona a manos de elementos de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 18/2019 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Los hechos acontecieron el 22 de octubre del 2013, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, cuando al salir la víctima de un establecimiento comercial fue detenida por tres policías federales que lo subieron a una patrulla en donde lo golpearon y torturaron con unas pinzas con las que le prensaron los dedos de la mano derecha y le metieron un cuchillo en la oreja izquierda para obligarlo a declarar que fue asegurado a bordo de una camioneta robada y con un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, detalló.
Asimismo, el organismo precisó que la persona fue trasladada a un hotel para ser interrogado y, tres horas después, fue presentado ante el Ministerio Público Federal, en donde se le vinculó como probable responsable en una averiguación previa.
Además de que la indagatoria arrojó que tres policías federales detuvieron arbitrariamente a la víctima sin orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente, a lo que se suma la acreditación de una dilación de tres horas entre el aseguramiento y la puesta a disposición de la autoridad ministerial.
En este sentido, la CNDH concluyó que los uniformados vulneraron el derecho a la integridad personal del hombre y lo torturaron para obtener información y que se autoincriminara.
“Se determinó también que personal ministerial federal fue negligente en la atención del requerimiento de un juez de Distrito para que se abriera una indagatoria por la posible comisión del delito de tortura en agravio de la víctima, ya que desahogó tal petición un año y nueve meses después”, refirió.
Posteriormente, agregó, se observó que otro agente del Ministerio Público Federal fue omiso en iniciar la averiguación previa por tortura, con lo cual incumplió la normatividad entonces vigente.
