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Recomendaciones del Sistema Anticorrupción, sin efecto
El Comité Coordinador del SNA ha emitido tres recomendaciones con el objetivo de mejorar el combate al cohecho, sin embargo, poco ha sido el impacto que han tenido.
De acuerdo con el Inegi, en 2021 en promedio cada mexicano gastó 3,044 pesos en sobornos. GRÁFICO: EL ECONOMISTA
Poco impacto han tenido las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), según muestran los datos de la misma institución.
Desde el 2017, fecha cuando se instaló oficialmente el Comité Coordinador del SNA, hasta la actualidad, se han emitido tres recomendaciones.
La primera de ellas fue acordada en la sesión del 15 de enero del 2018, y está “dirigida a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas” y tenía como objetivo que los jueces y magistrados fueran electos con base en sus capacidades y no en sus vínculos con otros funcionarios.
Para esta recomendación se dio cuatro años a los poderes Legislativos y Ejecutivos para que respondieran sobre avances en la materia, el cual concluyó el pasado 27 de enero de este 2022.
En la sesión del 25 de mayo pasado del Comité Coordinador se presentó el informe final de la recomendación en donde se refirió que en total se emitieron 64 oficios: 32 a los poderes Legislativos y otros 32 a los gobernadores. Sólo seis poderes Ejecutivos estatales (CDMX, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas) aceptaron la recomendación.
Aguascalientes y Sonora la aceptaron de manera parcial; otros 21 estados la rechazaron; Chiapas dijo tomar nota y Quintana Roo y Tlaxcala nunca respondieron.
En cuanto a poderes Legislativos cinco la aceptaron (Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Nuevo León y Zacatecas); tres la aceptaron de manera parcial (Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí); 13 la rechazaron; Yucatán no dejó en claro si la aceptaba o no y siete (Baja California, Baja California Sur, CDMX, Colima, Durango, Michoacán y Nayarit) no respondieron.
“La aceptación a la Recomendación fue de solo 16 autoridades destinatarias de un total de 64, es decir, de sólo el 25 %, las cuales corresponden a 13 entidades federativas. En tan solo seis legislaciones locales se realizaron modificaciones derivadas de la Recomendación, siendo que las autoridades de 13 entidades federativas la aceptaron, por lo que la recomendación tuvo un impacto en el marco normativo de 46.15%”, concluyó el informe.
Fiscalización
La segunda recomendación, que acordó en la sesión del 21 de enero de 2021, está dirigida a los Congresos locales para establecer la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización, cuyo objeto es, a su vez, garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante la coordinación de trabajo efectiva y evitando la duplicidad de funciones en las labores de fiscalización, según la Secretaría Ejecutiva del SNA.
Para ello se emitieron oficios a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, con el fin de que modificaran sus leyes para consolidar sus Sistemas de Fiscalización.
El 27 de enero de este 2022 se presentó el informe de avances de la recomendación, en la cual se indicó que de los 14 Legislativos, 11 no habían dado respuestas; dos (Chiapas y Guanajuato) indicaron que se estaba analizando en comisiones la reforma; y Durango indicó que ya sus leyes locales consideraban un Sistema de Fiscalización.
Plataforma Digital
En la última, tomada en la sesión del 27 de enero de 2022, se instó a los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), órganos autónomos y poderes Judicial y Legislativo a nivel federal, a conectarse a la Plataforma Digital Nacional, la cual busca agrupar bases de datos de las instituciones con el objetivo de prevenir actos de corrupción.
El 25 de mayo pasado se emitió un informe de seguimiento, en donde se informó, con corte al 30 de abril, que 25 SLA habían aceptado la recomendación; dos pidieron aclaraciones (Yucatán y Michoacán) y cinco no habían dado respuesta (Baja California, CDMX, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz).
En órganos autónomos, dos la habían aceptado (Inegi e INE); uno de manera parcial (Inai). La Fiscalía de la República y el Banco de México la rechazaron; la Cofece y el IFT no aclararon si la aceptaban o no y la CNDH no respondió.
El poder Judicial federal la rechazó; el Senado no respondió y los diputados la estaban analizando. Por ley las recomendaciones del SNA no son vinculantes.
