Reconocen indicios de participación militar en muerte de siete

Elementos del Ejército Mexicano adscritos al 97 Batallón de Infantería están bajo investigación por su participación en la desaparición de siete jornaleros en Calera, Zacatecas, el pasado 7 de julio, quienes posteriormente fueron localizados muertos en el municipio de Jerez de García.

La 11 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicada en Guadalupe, confirmó en un comunicado haber identificado indicios de la probable responsabilidad de personal castrense con estos hechos.

Dijo que en relación con los avances de la indagatoria de la Procuraduría General de Justicia Militar sobre delitos del orden castrense , procederá a remitir a la Procuraduría General de la República el desglose de la investigación.

Desde que se reportó la desaparición de los jóvenes jornaleros, cuatro menores de edad, familiares de las víctimas señalaron a personal militar como los responsables de haberlos sacado por la fuerza de su domicilio, bajo el pretexto de estar en posesión de armas y droga.

Se trata de Beatriz Fernández Hernández, Germán Martín García González, Guillermo García Murrieta, Víctor Hugo González Cisneros, Fernando José Rodríguez Rodríguez, María Alejandra Rocha Montes y Jorge David Venegas Leaños.

Los parientes acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (PGJZ) para interponer formal denuncia, e identificaron una camioneta militar matriculada con el número 0897, como una en la que se llevaron a los jóvenes.

El pasado jueves fueron localizados cuatro cuerpos, tres hombres y una mujer, con un balazo en la nuca, en el interior de una vivienda en construcción en las inmediaciones de la presa El Tesorero, municipio de Jerez, mismos que fueron identificados como parte de los siete jornaleros desaparecidos.

Posteriormente, el sábado, ubicaron tres cuerpos más, dos hombres y una mujer, en una zona cercana al primer descubrimiento; sin embargo, autoridades ministeriales no han confirmado la identidad de los cadáveres.

Aunque la Sedena no lo ha corroborado, trascendió que el coronel Martín Pérez Reséndiz y tres soldados más del 97 Batallón de Infantería fueron puestos a disposición de la Procuraduría Militar por estos hechos.

En su comunicado, la institución castrense explicó que al margen de los indicios de la participación de su personal en la desaparición de los jornaleros, la fiscalía militar seguirá investigando a fin de determinar sobre la infracción de disciplina militar, y en su caso, consignar a los tribunales castrenses.

La Secretaría de la Defensa Nacional cooperará con las instancias correspondientes, a fin de que se esclarezcan los hechos y reitera su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes , aseguró.

Será, dijo, la primera interesada en que cuando existan indicios de que alguno de sus elementos no se conduzca conforme a derecho, sus actos se investiguen y en su caso, se sancionen con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión.

Aparte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calificó de inadmisibles los ataques, desaparición y ejecuciones extrajudiciales de menores a manos de personal militar, por lo que exigió transparencia en las indagatorias y protección a las familias de las víctimas.

Es evidente que las fuerzas militares enfrentan un serio desgaste desde que fueron equivocadamente involucradas en la lucha contra el crimen organizado; por lo que preservar su institucionalidad y legitimidad social es muy importante. Es imposible querer hacer cumplir la ley violando las leyes mismas , indicó la Redim en un comunicado.

La Redim recordó que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano en el 2011, desarrollar protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad en operativos donde hubiera menores.

Pese a que estos protocolos se realizaron durante la administración de Felipe Calderón, actualmente se desconoce si son utilizados por la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional , destacó.

Los casos paradigmáticos, expuso, como la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, Estado de México; Calera, Zacatecas y Aquila, Michoacán muestran el desconocimiento de dichos protocolos o la decisión equivocada de no aplicarlos.