Recorte al presupuesto del Poder Judicial desaparecería 63% de juzgados de distrito: expertos

De concretarse la intención de la fracción legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, de recortar entre 15,000 y 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2024, se ocasionará la inoperancia del sistema, pues entre 60 y 70% de sus órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales, plantea un análisis interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, analistas y académicos expertos en la materia, afirmaron que se trata de una "venganza política" del Ejecutivo contra la SCJN y, de concretarse, pondrá en riesgo la operación del Poder Judicial de la Federación, el derecho a la justicia, aumentará la impunidad e impactará negativamente la implementación de la nueva justicia laboral, la reforma en materia civil y familiar, y la solución de los conflictos derivados del proceso electoral de 2024, donde se renovarán la presidencia, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, así como un buen número de congresos estatales y ayuntamientos.

De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, la reducción que se pretende hacer al presupuesto, “y cuyo sustento se desconoce”, ocasionaría un incremento en el índice de conflictividad social y de la incidencia de casos de justicia por propia mano.

Si se hace efectiva la amenaza de legisladores de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, el recorte podría ser superior a 32% del presupuesto ejercido en 2023.

Eso se traduciría en la falta de capacidades institucionales para reducir la impunidad, además, constituiría una violación a la Constitución, por trasgredir la división de poderes y, con ello, la pérdida de vigencia del Estado democrático constitucional de derecho.

Lo grave del asunto, recalca, es que eso podría traducirse en profundizar la desigualdad social, propiciando que solo quienes puedan pagar un abogado particular, cuenten con una defensa jurídica adecuada y de calidad, privando a las personas más pobres de una defensa pública y gratuita que les represente, atendiendo a sus contextos culturales.

Francisco Burgoa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que habría una vulneración al derecho constitucionalmente establecido que tienen los mexicanos de acceso a la justicia y de manera pronta y expedita.

Para el académico, la intención de recortar el presupuesto para el Poder Judicial responde más a una venganza política, por parte del Gobierno federal, luego de que la SCJN ha emitido resoluciones que no le han gustado al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Es inadmisible, que no se esté respetando la autonomía e independencia de la Corte, que no se esté garantizado la división de poderes. Pretender reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación es una intimidación y una forma de presionar a la Corte”, insistió.

El pasado 28 de agosto, la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de este año, el Poder Judicial de la Federación solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el año en curso (77,544 millones 491,126 pesos).

El coordinador de la fracción legislativa de Morena en el recinto de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció el domingo pasado que se han detectado “gastos innecesarios” que van de los 15,000 y 25,000 millones de pesos en el Poder Judicial de la Federación y se hará el recorte respectivo.

El recorte podría constituir el equivalente  a 32% del presupuesto ejercido en 2023

Lo que ha encendido las alarmas en el Poder Judicial es que, si se concreta el recorte habrá una reducción superior al 32% del presupuesto de 2023, colocando al Poder Judicial de la Federación en el escenario presupuestal de 2015. 

Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), planteó que, de 2015 a 2023, el presupuesto ejercido por el Poder Judicial prácticamente estuvo estancado, pues sólo aumentó 1.3% en términos reales.

En este sexenio se llegaron a aprobar casi 94,000 millones de pesos para el ejercicio de 2017, pero no se ejerció esa cantidad, debido a que solo se gastaron 81,000 millones.

Expuso que el incremento que se plantea para 2024, tampoco es significativamente mayor y, lo que sí se ha visto, entre 2018 y 2019 es que hubo un recorte de 13% en los recursos asignados al Poder Judicial y de 2019 a 2023, ya ha existido una disminución de 2.9%, en términos reales.

Para el Poder Judicial de la Federación, lo delicado es que, en los hechos, se perderían ocho años de avances en las capacidades institucionales.

Lo grave es que, según el análisis, desaparecería 63% de los juzgados de distrito y el 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito; se perdería 35% de la capacidad laboral del Poder Judicial de la Federación y se pondría en riesgo la atención de más de 3,541,000 asuntos, que implican la defensa de la dignidad de las personas, de su patrimonio, familia, trabajo y desarrollo. 

Eso, sin contar que se pondrían en riesgo la integridad de las personas usuarias y del personal judicial, al reducir drásticamente las capacidades para su protección y la de los inmuebles donde se imparte la justicia federal. 

Además, desaparecerían mecanismos de profesionalización del Poder Judicial de la Federación, para asegurar una impartición de justicia de mayor calidad.

Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2023 equivale a 0.26% del PIB; en países europeos con PIB similar a México representa 0.42%

De acuerdo con el análisis, para 2024, el Poder Judicial de la Federación ha solicitado un presupuesto que representa 0.9% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual constituye una disminución significativa, si se compara con el gasto ejercido en 2017, cuando representaba 1.4%.Por otra parte, el presupuesto del Poder Judicial Federal para 2023, equivale al 0.26% del Producto Interno Bruto, (PIB), mientras que en 2018 era el 0.30%, lo que supone una disminución de 12.84% en cinco años. 

Si se compara con la cantidad de recursos que se destinan en otras partes del mundo, llama la atención que, al menos en 2020, en países europeos que se encuentran en un rango de PIB per cápita similar a México (entre 10,000 y 20,000 euros anuales), el costo de los sistemas judiciales representó 0.42% del PIB. 

En 2023, la inversión per cápita para el Poder Judicial de la Federación fue de 1.8 pesos diarios por cada mexicano, lo que representa 0.8% del salario mínimo, mientras que el promedio de los sistemas judiciales en países de Europa, es el equivalente a 4 pesos mexicanos per cápita (2022). 

En América Latina (también en 2020), los países destinaron en promedio 0.56% de su PIB a tribunales de justicia. Por ejemplo, Brasil destinó 0.81%, Colombia 0.71% y Chile 0.52%. 

En ese tenor, Laurance Pantin Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, planteó que, de concretarse ese recorte, el Poder Judicial ni siquiera pueda pagar al personal indispensable para dar el servicio de impartición de justicia.

Dijo que, según los diputados oficialistas, el recorte tiene como objetivo poner un alto a los gastos innecesarios del poder Judicial, como el que se destina para la seguridad de algunos ministros y juzgadores; sin embargo ─enfatizó─, hay que recordar que, en 2020 fueron asesinados en Colima un juez federal y su esposa y en diciembre de 2022 un juez local en Zacatecas, presuntamente, por relacionados con temas derivados del ejercicio de su función.

Al hacer su propuesta de presupuesto para 2024, el Poder Judicial de la Federación consideró que México cuenta con un promedio de cinco personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Mientras que el estándar internacional es de 65 y el promedio de la región latinoamericana es de 18.

Si la tendencia de 2023 se mantiene en 2024, al menos una de cada 100 personas tendrá un conflicto que dirimir ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual representa alrededor de 1.3 millones de casos nuevos. Esto es más de 72% del total de los asuntos resueltos durante 2022.

Podría afectar la representación legal que realizan abogados de oficio

Francisco Burgoa llamó la atención en que puede resultar afectado el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que representa jurídicamente y de manera gratuita en más de 32,500 asuntos y lleva a cabo más de 41,340 asesorías jurídicas, en 147 lenguas diferentes, en 138 localidades del país.

Eso generaría una severa afectación a los mexicanos que no cuentan con un abogado que los acompañe cuando están involucrados en un caso judicial. Además aumentaría la impunidad, dijo el abogado.

El Poder Judicial de la Federación tiene obligaciones constitucionales y legales pendientes, derivadas de las reformas laborales de 2017 y 2019, tanto a la Constitución de México como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prevén la creación de órganos jurisdiccionales en la materia.

Laurance Pantin recordó que el Poder Judicial tiene prevista la construcción de alrededor de 22 centros de justicia laboral, los cuales, probablemente se verían afectados, pues no solo se trata de inmuebles, sino contratación del personal necesario. 

Lo delicado es que en 2022 se terminó el plazo que se tenía para implementar en el Poder Judicial la implementación de la nueva justicia laboral.

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación tiene un reto importante en la implementación de todo lo que implicó la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que marca que haya oralidad en ciertos procesos y la posibilidad de implementar ciertas herramientas de justicia digital.

Eso implica la necesidad de tener nuevas instalaciones con infraestructura tecnológica apropiada.

Manuel Guadarrama dijo que es un despropósito que se le den más responsabilidades al Poder Judicial, concretamente en materia laboral y procedimientos civiles, que son aspectos muy importantes en materia de acceso a la justicia y no se les apoye con los recursos suficientes para lograr su implementación, abundó.

En tanto, Francisco Burgoa subrayó que, al iniciar el proceso electoral para renovar la presidencia de la República, nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión, así como una serie de legislaturas estatales y ayuntamientos, se incrementará el número de conflictos que deberá resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, para eso, requiere que cuente con el presupuesto suficiente, con el fin de proteger los derechos político-electorales de los mexicanos.

diego.badillo@eleconomista.mx