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Política

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Reforma a Ley de amparo debilita acceso a la justicia y afecta la competencia económica: CCE

En muchos casos, un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales, subraya el organismo empresarial.

Pleno de la Cámara de Diputados. Foto EE: Cortesía.

Pleno de la Cámara de Diputados. Foto EE: Cortesía.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación ante los riesgos que representa la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en comisiones, la cual, consideró, limita las suspensiones con efectos generales de leyes, toda vez que va en detrimento del principio de progresividad de los derechos humanos, debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica.

De acuerdo con el organismo empresarial, lo aprobado por el Legislativo hace unas horas, reduce las facultades del juez para otorgar las suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público.

Además, las modificaciones a la Ley de Amparo pretenden impedir el otorgamiento de suspensiones en los casos que expresamente se señalen en la ley, por considerar que son supuestos que pueden causar afectación al orden público.

El CCE recalcó que el amparo constituye la principal herramienta que ofrece protección a personas y empresas frente al ejercicio de la autoridad.

Para el CCE, “la suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados, mientras se desahoga el juicio. Sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo.

La organización empresarial llamó la atención en que, en muchos casos, un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales.

“La suspensión es una medida fundamental dentro del juicio de amparo, muestra de ello son los diversos juicios promovidos por particulares en los últimos años, en donde los jueces otorgaron la suspensión con efectos generales para evitar una afectación a la libre competencia y, por consecuencia, una desigualdad entre quienes tienen más posibilidades de llegar al término de un juicio y de quienes no cuentan con los recursos o la asesoría adecuada”.

Según el CCE, en el futuro, podría generar que se incremente el listado de asuntos en los que no puede concederse una suspensión, no obstante que con ello se afecte a la colectividad.

diego.badillo@eleconomista.mx

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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