Reforma al Poder Judicial: Los 5 grandes cambios que impulsa AMLO

El Poder Judicial está distanciado “profundamente” de la sociedad mexicana, lo que ha fomentado el crecimiento de la impunidad, la falta de justicia y la merma en la credibilidad y legitimidad de los juzgados, los tribunales y la Corte, asevera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”, expresa el Primer Mandatario en su propuesta de reforma constitucional que busca un cambio de fondo en la operación del Poder Judicial.

El proyecto enviado al Congreso de la Unión en febrero pasado y que será discutido a partir del 1 de septiembre, una vez que se instale la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, contempla cambios a 16 artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial del país en su conjunto.

» 1. Reducción de la Corte

Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.

En tanto, se eliminan las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias, las cuales serán públicas; con esto se elimina la posibilidad actual de realizar sesiones secretas. En tanto, se propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.

En materia de salarios, se establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras de la Corte y los diferentes jueces no podrá ser mayor a lo percibido por la persona que ocupe la Presidencia de la República. Además, se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.

» 2. Ministros y jueces, a las urnas

Una de las propuestas más polémicas es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por la ciudadanía.

Para ellos, estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados.  Las y los candidatos a dichos cargos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.  

De aprobarse la reforma en septiembre, la primera elección se realizaría en el año 2025 y los actuales ministros, magistrados y jueces permanecerían en su encargo hasta el momento en que asuman sus sucesores.

En el caso del primer ejercicio bajo esta figura, se contempla un periodo escalonado de duración del encargo de los ministros electos para los años 2033, 2036 y 2039, de manera que en cada elección posterior a esas fechas se renueven sólo tres posiciones.

» 3. Dos órganos regulatorios

El proyecto contempla la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la SCJN.

En tanto, se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.

» 4. Plazos para resolver conflictos

Se propone regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados. Para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar el porqué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.

En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.

“La presente reforma propone vincular a las autoridades responsables de impartir justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita”, expresa López Obrador en el documento.

» 5. Sistema replicado en todo el país

La iniciativa oficial también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.

El plazo para que los estados realicen estos cambios será de 180 días una vez que la reforma sea promulgada.

La reforma planteada, asegura el Presidente de la República, “no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había creado entre dicho poder y la sociedad, y restituyendo la confianza ciudadana en las instituciones y funcionarios judiciales que, lamentablemente, han caído en el desprestigio debido a los abusos y excesos de ciertas personas que se han resistido a entender la dimensión de la transformación que vive México y a confiar en la madurez política y la sabiduría de nuestro pueblo”.