Reglas de contacto, siguiente paso contra la corrupción

En las próximas semanas empezarán a funcionar por primera vez en el país las reglas de contacto que deberán seguir funcionarios públicos y particulares durante el proceso de definición de contratos de obra, adquisiciones o de servicios, dio a conocer Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública.

Dichas reglas de contacto fueron diseñadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en ellas se establecen las condiciones para que haya testigos en las conversaciones; que se elaboren minutas de las pláticas que se realicen durante el contacto; el uso únicamente de los dispositivos de comunicación públicos para mantener un testimonio, más constante de la forma como el gobierno entra en contacto con el sector privado.

El antecedente más cercano en lo que a buenas prácticas entre órganos de gobierno y empresas se refiere está en la operación de los reguladores en materia energética -la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Reguladora de Energía (CRE)-, a quienes desde la elaboración de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados se les obliga a grabar cualquier reunión o audiencia que sostengan con sujetos que potencialmente pudieran estar en el ámbito de su regulación.

Así mismo, los siete comisionados que integran estos dos reguladores están impedidos legalmente para sostener reuniones sin testigos con representantes de empresas y deben informar de sus actividades, incluso en el ámbito académico, al órgano de gobierno de su comisión. También tuvieron que entregar un reporte con todos los vínculos tanto profesionales como de empleos anteriores y parentesco que tienen en el sector energético, desde que iniciaron su gestión.

En entrevista con El Economista, Virgilio Andrade habla de la nueva ley anticorrupción, que entró en vigor el miércoles pasado, la cual considera que tiene cambios profundos relacionados con las responsabilidades de funcionarios y de empresarios, que quedaron instauradas a nivel constitucional de tal forma que una empresa puede ser intervenida de manera inmediata.

Asegura que para los servidores públicos quedó establecida una regla general en la Constitución mexicana que significa un cambio relevante:

Los expedientes de todos los servidores públicos que dejen el cargo permanecerán abiertos siete años para que en ese lapso sea posible realizar una investigación, o sea no se mueren los temas ni con la salida de los servidores públicos de sus cargos, ni tres años después ni cinco años después.

Suponiendo que se trata de un funcionario federal, pudieren ser investigados durante todo el siguiente sexenio y un año más. Nada más esta norma genera mejores condiciones de reflexión y un equilibrio de lo que un servidor público debe mantener como conducta para respetar la ley .

Los empresarios

El titular de la dependencia que tendrá a cargo parte de la implementación de la nueva ley destaca el hecho de que los empresarios también serán sancionados cuando participen en actos de corrupción en contratos de gobierno.

Para los empresarios, ahora la Constitución permite la posibilidad incluso de intervenir las empresas y proceder a su disolución. Este aspecto constituye un cambio cualitativo importante, más aún si consideramos que está en la norma superior de nuestro marco legislativo.

Ambos asuntos están completados por una norma institucional importante: un tribunal de justicia administrativa será el que aplique las sanciones, no será de las dependencias de quien dependan las sanciones, sino de un tribunal independiente y superior. Son elementos concretos que por sí mismos coadyuvan a frenar situaciones de abuso .

Estas reglas de contacto entre funcionarios y agentes privados, ¿cómo deberán ser, cómo eran y cómo se van a implementar?

No existía una regulación de contacto (...) Contemplan las condiciones de modo, tiempo y lugar en la que aquellos servidores públicos vinculados a contrataciones públicas puedan entrar en contacto con particulares y que son alrededor de 15,000 funcionario públicos en toda la Administración Pública Federal en 261 instituciones de gobierno.

Las reglas básicamente establecen qué condiciones, para que haya testigos en las conversaciones, minutas de lo que se habla en el contacto, el uso únicamente de los dispositivos públicos en materia de comunicaciones para efecto de poder tener un testimonio, más constante de la forma como el gobierno entra en contacto con el sector privado.

Es un cambio muy relevante y es una buena práctica que puede llevarse a cabo en el tránsito de la aprobación de las leyes.

Contratos federales

Auditoría de OHL la realizará despacho externo

Un despacho externo junto con la Secretaría de la Función Pública será el encargado de realizar la auditoría a los contratos otorgados a la constructora OHL, dio a conocer el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade.

el titular de la SFP respondió que todas las contrataciones de carácter estatal son responsabilidad de las entidades y esta auditoría será sobre los contratos que pidió la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que fueran auditadas.

La realización de auditorías a contratos y operaciones administrativas de OHL como concesiones deriva de una petición de la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes para revisar aquello que fue contratado o firmado por el gobierno federal. Debemos recordar que, en el marco de las soberanías actuales, todas aquellas contrataciones de carácter estatal constituyen responsabilidad soberana de las propias entidades federativas .

Asimismo, acerca de si la empresa sería la primera cuyos contratos sean revisados con la nueva ley anticorrupción, comentó que pese a que ésta se trata de una auditoría relevante, aún no se realiza con el nuevo marco legal.

No obstante, se considera que un despacho externo, con base en las propias atribuciones de la SFP, lleve a cabo la auditoría conducente.