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Reprueban iniciativa preferente de EPN
De acuerdo con la Red, la iniciativa del presidente no cumple con los mínimos necesarios para garantizar los derechos humanos de la infancia.
La iniciativa preferente, que expide la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y a Adolescentes, enviada por la Presidencia al Senado de la República, el pasado 1 de septiembre, alcanzó tres de 10 puntos, de acuerdo con el Índice de medición de calidad de las leyes en materia de derechos de la infancia; instrumento elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Esta herramienta mide el nivel de armonización entre una ley para infancia y los principios de la Convención sobre los derechos del Niño (CDN). De los 50 puntos máximos que contiene el Índice, la iniciativa presidencial sólo cumple con 15, exhibió esta organización presidida por Juan Martín Pérez.
De acuerdo con el activista, cuando México ratificó en 1990 la CDN, se vio obligado a a incorporar sus principios y derechos humanos establecidos; sin embargo, el análisis realizado por Redim da cuenta de que el proyecto de ley no cumple con los mínimos necesarios para garantizar los derechos humanos de la infancia, especialmente si se analiza la realidad compleja que viven los niños y adolescentes en el país.
Este bajo puntaje es resultado de la carencia del enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, la iniciativa continúa con una visión tutelar asistencialista, dejando las responsabilidades a instituciones y familias, sin garantizar mecanismos de participación ciudadana para niñas, niños y adolescentes, quienes son los titulares de derechos , exhibe el análisis efectuado por este contingente de organizaciones de la sociedad civil.
El estudio indica que el intento de coordinación interdependencial no responde a la creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ni tiene los mecanismos para lograr la transversalidad y la exigibilidad de los derechos.
Particularmente, preocupa que en el proyecto no se considere ninguna inversión para la infancia, ignorando la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que demanda garantizar una inversión progresiva y no regresiva.
Según Pérez García, siete de cada 10 albergues y programas para atender a la infancia altamente excluida están administrados y financiados por sociedad civil; sin embargo, para la construcción de este proyecto no se consideró la experiencia de las ONG, especialistas ni organismos internacionales.
