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Reserva Judicatura datos sobre protección a jueces
Para el rubro de seguridad, el Poder Judicial de la Federación solicitó para el siguiente año 826 millones de pesos, como una partida especial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reservó por cinco años la información relativa al número de jueces y magistrados que actualmente cuentan con protección debido a amenazas de muerte en su contra.
El CJF estimó que revelar esa información “pone en riesgo su vida o seguridad, toda vez que dichas medidas les fueron asignadas con el objeto de proteger su integridad física a efecto de que puedan desarrollar de manera adecuada sus funciones”.
A través de una solicitud de información, El Economista pidió la estadística sobre el número de jueces y magistrados que cuentan con medidas de protección, así como la entidad donde radican.
“Dicha información se clasifica como reservada por el periodo de cinco años, con la precisión que en su oportunidad y por alguna causa justificada, podrá ser prorrogable”, respondió el Consejo a la respuesta con número de folio 0320000399420.
“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, ya que garantizar la integridad de la vida y seguridad de las y los juzgadores federales, constituye un elemento fundamental para una adecuada impartición de justicia de manera autónoma e imparcial”, planteó.
El 16 de junio pasado, el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, así como su esposa, Verónica Barajas, fueron asesinados dentro de su domicilio, presuntamente por órdenes de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En ese marco, el CJF argumentó que “proporcionar cuántas juezas o jueces y magistradas o magistrados tienen o han tenido medidas de protección durante el periodo solicitado, relacionados con sus entidades de adscripción y precisando en qué consisten, pone en riesgo su vida o seguridad”.
