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Resolución de Medina Mora sobre el Bronco se mantiene
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había avalado que el congreso de Nuevo León aplicara sanciones en contra del gobernador por las broncofirmas.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la decisión del entonces ministro Eduardo Medina Mora de suspender el proceso de sanción iniciado por el Congreso de Nuevo León contra el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, por uso de recursos públicos con fines electorales, esto hasta que no se resuelva la controversia constitucional pendiente sobre el tema.
Los integrantes de la Segunda Sala declararon infundados dos recursos de reclamación promovidos por el Congreso y el Ejecutivo de Nuevo León, quienes impugnaban la última decisión de Medina Mora derivada de la controversia constitucional 310/2019.
Cabe señalar que en octubre del año pasado, el máximo tribunal del país admitió a trámite tres recursos de reclamación (171/2019-CA, 170/2019-CA y 169/2019-CA), dos presentados por el Congreso de Nuevo León.
Antes de renunciar al cargo de ministro de la SCJN, Medina Mora promovió la suspensión del proceso de sanción al argumentar que “se advierte que el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en el estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”.
El caso de las llamadas broncofirmas derivó de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que señalaba a Jaime Rodríguez Calderón de haber desviado recursos públicos durante el levantamiento de firmas para la campaña presidencial del 2018, por lo que ordenó al Congreso de Nuevo León que aplicara las sanciones necesarias.
Las medidas del congreso local, que en específico eran por el uso de 572 funcionarios para recolectar firmas para la candidatura independiente del mandatario, fueron votadas por la mayoría de los legisladores, quienes apoyaron aplicar una sanción directa en lugar de un juicio político.
