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Política

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Retraso en acotar fuero militar, injustificable

Es injustificable el retraso y empantanamiento legislativo de la reforma que debe restringir el fuero militar, indicó el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

Es injustificable el retraso y empantanamiento legislativo de la reforma que debe restringir el fuero militar, indicó el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

Al presentar la publicación Jurisdicción militar y derechos humanos; elementos para las reformas pendientes , Hernández externó su preocupación por la parálisis del Legislativo para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y con ello establecer que ningún civil sea juzgado en tribunales militares y que ninguna violación de derechos humanos sea ventilada en tribunales castrenses, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordenó a través de una sentencia.

Para lograr el ciclo completo de aprobación de la reforma al Código Penal Militar, vamos a tener que unir fuerzas y visibilizar que este retraso, que este empantanamiento, nos preocupa y destaca algunos problemas sobre el tipo de discusión que no parece socializarse con otros sectores de la academia, de las organizaciones y de las víctimas .

No existen dudas en el Sistema Interamericano de que la justicia militar no puede ser aplicada a civiles, ni que los casos de violaciones de derechos humanos se resuelvan en tribunales castrenses; sin embargo, existe dificultad por parte de muchos estados para hacer estos cambios, afirmó el director del Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Santiago Cantón.

La publicación, realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y apoyada por un contingente de OSC, refiere que la impugnación de la ilegal extensión del fuero militar por quienes fueron víctimas de abusos castrenses comenzó antes del mandato del ex Presidente Felipe Calderón; no obstante, la demanda no había llegado a la SCJN hasta su sexenio.

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