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Política

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Rezago educativo: 21.3 millones de personas

A pesar de que el promedio de armonización de legislaciones locales en materia educativa es de 85.31%, en nuestro país hay 21.3 millones de personas en rezago educativo, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Foto EE: Archivo

Foto EE: Archivo

A pesar de que el promedio de armonización de legislaciones locales en materia educativa es de 85.31%, en nuestro país hay 21.3 millones de personas en rezago educativo, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Refirió que los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas cuentan con 92% de armonización normativa del derecho a la educación; mientras que con 80%, los estados con menor avance son Nayarit, Oaxaca y Puebla.

Lo cual indica, precisó, que la armonización normativa es fundamental para facilitar la exigibilidad de derechos a las autoridades, además de impactar en la vida de las personas, es decir, materializarse mediante su aplicación.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador de la CNDH, refirió que de acuerdo con el examen normativo efectuado en México, hay un avance de 100% en el derecho a recibir educación con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; mientras que con 95% destaca el derecho a la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales.

En la presentación de la Plataforma de Armonización Normativa, el funcionario destacó que el derecho a la libertad de información y comunicación reporta un avance de 73.13%; a los beneficios a la cultura, 97.5%; al acceso al progreso científico y tecnológico, 98.75%; y a la no discriminación, 85 por ciento.

En tanto, el derecho al acceso a los servicios educativos a personas con discapacidad registra 91.25%; y 65% el correspondiente a la libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior.

“A partir del 2011, en México se presentó un nuevo escenario constitucional en materia de derechos humanos, que impacta de manera positiva en la vida de las personas respecto del reconocimiento a su dignidad y amplía el catálogo de fuentes de derechos que pueden exigir todas las personas, con base en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano”, dijo.

En este sentido, Carmona Tinoco manifestó que este carácter vinculante motiva acciones para su incorporación a la legislación, primeramente la armonización normativa que los haga aplicables y operables.

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