“SCJN no debe estar en búsqueda de la popularidad”

Entres los Temas prioritarios que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el segundo periodo de sesiones del año en curso se encuentran la controversia constitucional relativa al financiamiento público a las estancias infantiles, la distribución de las participaciones del llamado Fondo Minero y la acción de inconstitucionalidad sobre la revocación de mandato en el estado de Morelos.

Este jueves en la inauguración del segundo periodo, el ministro presidente de esta Corte , Arturo Zaldívar aseguró que el Tribunal Constitucional acreditará, su independencia y autonomía y su compromiso indeclinable con los valores, principios y derechos humanos establecidos en la Constitución.

También informó que se resolverán las controversias constitucionales respecto a la validez de la Norma Oficial Mexicana que establece el acceso al aborto en casos de violación y la acción de inconstitucionalidad sobre salud y educación sexual, así como distribución de anticonceptivos en el Estado de Veracruz.

Asimismo, las controversias en las que se analizarán los derechos contemplados en la Constitución de la Ciudad de México, como el derecho al agua, seguridad ciudadana, sistema educativo, uso medicinal de cannabis, derechos de migrantes, justicia cívica y derechos laborales, entre otros.

“Esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, pero sí está obligada a que sus resoluciones sean claras y se comuniquen y expliquen de manera adecuada a la ciudadanía”, señaló Zaldívar durante la sesión solemne de apertura.

Por su parte, la ministra Yazmín Esquivel, quien junto con el ministro Juan Luis González Alcántara y la secretaria Mónica Fernanda Estevané, conformó la Comisión de Receso del primer periodo de sesiones dio a conocer  que la comisión dictó y firmó 40 acuerdos.

Entre los cuales, se encuentran los relativos a los desechamientos de las controversias promovidas por los municipios de Tijuana y Mexicali, sobre la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California.

“Se trata de un acto emitido en un procedimiento legislativo que no ha concluido al no haberse publicado aún la reforma constitucional de mérito en el periódico oficial de la entidad”, explicó la ministra.