SFP rastreará con Bitácora Electrónica todas las compras públicas mayores a 15 millones de pesos

En su intento por impulsar la transparencia y la legalidad de las contrataciones con recursos federales la Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en marcha la operación de su nueva herramienta con la que vigilará, de principio a fin, el cumplimiento de los contratos de bienes y servicios.

Con la puesta en marcha de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), la SFP informó que podrá auditar en tiempo real el 80% del monto de las compras públicas de toda la Administración Pública Federal, y además constituirá un repositorio digital para fortalecer la fiscalización que realiza.

Esta mañana publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y los Lineamientos para el uso de la BESA, que entró en vigor a partir de este viernes.

De acuerdo con dichos lineamientos, será obligatorio el registro en la BESA de todos los contratos públicos mayores a 15 millones de pesos. Respecto a las compras del Gobierno menores a ese monto, precisó que se trabaja para que en el corto plazo se también registren.

La intención del registro es reducir los riesgos de corrupción e ineficiencia en las compras públicas, dejando una huella de las instituciones con recursos federales que permitirá auditar su cumplimiento.

En caso de que no se cumpla con lo establecido en los contratos, se contará con un sistema de alertas de supervisión para revisar posibles irregularidades que puedan ser prevenidas, investigadas y sancionadas.

Corresponderá a la dependencia a cargo dede Roberto Salcedo Aquino fiscalizar, inspeccionar y verificar que la aplicación de los recursos federales en los contratos y adquisiciones sea congruente con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló un aumento considerable de riesgos de corrupción en compras públicas en México, detectó prácticas peligrosas como la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley a la hora de adquirir bienes y servicios en en 147 (59%) de 247 instituciones federales entre 2018 y 2020.