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SFP remite 204 casos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo que va de 2023
Durante el primer semestre de este año, la Secretaría de la Función Pública ha enviado un total de 204 expedientes de faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ámbito público
Las multas impuestas por la dependencia, en contra de las personas físicas y morales, significaron un valor por 152.3 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que en el primer semestre del año se han impuesto 951 sanciones a 860 servidores públicos por infracciones a las leyes.
La dependencia indicó que de acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, se impusieron 379 inhabilitaciones; 331 suspensiones; 192 amonestaciones públicas y privadas; 40 destituciones y nueve sanciones económicas por un monto de 690,000 pesos.
Sobre las causas de las sanciones, la SFP precisó que 402 fueron por negligencia administrativa, 334 por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial; 30 por violacción al procedimiento de contratación y 178 por causas diversas.
Durante el mismo período, la SFP también remitió 204 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, en 2016, se otorgó a la SFP las atribuciones de investigar, sustanciar y sancionar las faltas administrativas calificadas como no graves. Esto deja el continuar con la sustanciación e imponer la sanción de las calificadas como graves al TFJA .
Cabe destacar que la información sobre las faltas administrativas cometidas por servidores públicos están a disposición de toda la población, según establece el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual decreta que “las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando estás contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
"Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas”, se precisa.
