STPRM: un pozo de resistencias en materia de transparencia y rendición de cuentas

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) encontró en las cuotas y aportaciones sindicales, así como en las transferencias desde Petróleos Mexicanos (Pemex) y de particulares, un pozo de oro negro del que extrae riqueza a raudales. Y lo es no porque saque de ahí petróleo, sino porque su enorme riqueza es opaca, como el hidrocarburo.

Desde su fundación, en la década de los años treinta del siglo pasado, esa organización sindical se ha manejado con opacidad y en los últimos años ha protagonizado una espiral de resistencias y simulaciones para cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, tanto ante sus agremiados, por las cuotas y aportaciones sindicales que recibe, así como ante la sociedad en general, por los recursos públicos que le son transferidos.

Si bien, a partir del surgimiento y perfeccionamientos de leyes en materia de transparencia, muestra avances en el cumplimiento de su obligación de hacer pública su información sobre el uso de presupuesto público a través de internet, ésta es parcial y poco accesible y “arrastra los pies” cuando se trata de cumplir con las solicitudes de acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En lo que se refiere a la rendición de cuentas ante sus agremiados, en el papel, cumple, pero hoy en día, sus agremiados no tienen ni idea de a cuánto asciende el patrimonio sindical y cómo se gasta.

Sindicalizados ignoran a cuánto asciende fortuna del sindicato

El STPRM, como los demás, integra su patrimonio con las cuotas de los trabajadores, así como de las transferencias, donaciones o apoyos que recibe del patrón, en este caso de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por estatutos, el Comité Ejecutivo General (CEG) de esa organización y los comités ejecutivos locales de cada una de las 36 secciones sindicales, están obligadas a rendir un informe semestral, a sus agremiados, sobre la administración de los recursos del sindicato, sin embargo, de acuerdo con trabajadores consultados por El Economista, eso nunca ha ocurrido. No saben cuáles son sus activos y qué ha pasado con muchos de ellos, por ejemplo inmuebles que han sido vendidos y no se sabe a quién, en cuánto y qué se ha hecho con esos recursos.

Sergio Carlos Morales Quintana, dirigente del Frente Nacional Petrolero, dijo que en 34 años que tiene como trabajador sindicalizado, nunca ha sido convocado por la dirigencia nacional a una reunión en la que se dé un informe financiero.

“Nunca han hecho una transparencia de las cuotas sindicales; nunca han hecho una rendición de cuentas. No sabemos qué es lo que nos pertenece, cuántos terrenos tiene el sindicato. De las cuotas sindicales, no sabemos a qué cantidad llegan”.

Explicó que los principales ingresos del sindicato son de los negocios que tiene y que los dirigentes no rinden cuentas.

“Son miles de millones de pesos que no se han transparentado y que los trabajadores no sabemos qué cantidad es”.

Además, denunció que, su dirigencia sindical no rinde cuenta de las cajas de ahorro y de las inversiones que realiza para multiplicar el dinero de los sindicalizados; así como del estado que guardan más de 30 fideicomisos que tiene en México y el extranjero.

Afirmó que, durante años, los líderes sindicales del grupo del ex secretario general, Carlos Romero Deschamps, han recurrido al uso de “empresas fantasmas” para sacar dinero del sindicato.

Por su parte, Fred Antonio Navarro López, indicó que cuando una compañía (privada) entra a darle mantenimiento a cualquier instalación de Petróleos Mexicanos, tiene que darle una parte proporcional de lo que cobra al sindicato, la cual va del 3% al 30 por ciento.

La senadora Cecilia Margarita Sánchez García, candidata a secretaria general de ese sindicato, recalcó que la dirigencia sindical debe informar, además de las cuotas sindicales, a cuánto asciende la ayuda que le da la empresa y las propiedades sindicales que quedan.

Recordó que, hace años, había una red de tiendas sindicales, de las cuales han ido vendiendo, hipotecando “o quedándoselas para ellos” (los de la dirigencia sindical) y ahora ya no aparecen como patrimonio del sindicato, por lo que se debe informar a dónde fue a parar ese dinero.

Cabe apuntar que, después de las elecciones presidenciales del año 2000, las cuotas sindicales fueron hipotecadas y así permanecerán hasta 2031, para pagar a Pemex un préstamo que le hizo por alrededor de 1,600 millones de pesos ese año, cuando protagonizó el llamado Pemexgate, al descubrirse que el STPRM aportó, sin comunicar a la autoridad electoral, al menos 500 millones de pesos a la campaña del PRI a la presidencia de la República.

Por otra parte, se sabe que son fuentes importantes de ingresos los que obtuvo el sindicato por concepto de los negocios por la contratación de servicios que se prestan a los trabajadores como transporte, hospedaje, alimentación, entre varios más, aunque, según algunos trabajadores, en realidad, esos han pasado a ser negocios privados de líderes o de sus amigos y parientes cercanos.

Leyes del Trabajo y de Transparencia  lo obligan a rendir cuentas

La reforma laboral de 2019 contiene exigencias en materia de transparencia para los sindicatos. De acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, las directivas de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, cada seis meses, por lo menos, deberán rendir a la asamblea cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea.

En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva o a la autoridad registral, sobre la administración del patrimonio del sindicato.

“En caso de que los trabajadores no hubieren recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical, o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrá acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los estatutos, en términos del artículo 371, fracción XIII, de esta Ley”, señala.

Además de las obligaciones de rendición de cuentas que tiene el sindicato con sus agremiados, están las que tiene por el hecho de ejercer recursos públicos.

Al respecto, la excomisionada del INAI, Patricia Kurczyn Villalobos explicó que, a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en el Diario Oficial de la federación el 7 de febrero de 2014, los sindicatos están obligados a otorgar acceso a toda la información relacionada con el uso y destino de los recursos públicos que reciben.

La ley señala de manera expresa que serán sujetos obligados de transparencia “cualquier persona física o moral y sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos”.

Además, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, publicada el 5 de mayo de 2015 y reformada en 2021, en su artículo 79,  prevé que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, lo siguiente:

1. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades

2. El directorio del comité ejecutivo

3. El padrón de socios

4. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes, donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Establece que los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos deberán habilitar un espacio en sus páginas de internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la plataforma nacional.

Solo reporta ingresos por cuatro cláusulas

En su página de internet el STPRM cumple con informar sobre el directorio del comité ejecutivo; el padrón de socios, por año, desde 2017 a 2021, pero no ofrece la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes, donativos que recibe y no cumple con el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerce, ni  de contratos y convenios entre sindicatos y autoridades.

En este sentido, Kurczyn Villalobos enfatizó que, en el caso de la publicación del padrón de afiliados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública está en conflicto con la Ley Federal de Datos Personales y con el Convenio 102 del Consejo Europeo sobre Protección de Datos personales y al cual México está adherido desde 2018, en el sentido de que los datos de los sindicalizados deben de ser privados y solo se pueden compartir cuando los titulares (los agremiados) lo señalen.

Lo cierto es que el STPRM, de sus ingresos, en esa página solo ofrece información de los ingresos de la cláusula 251 (sobre salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 73 funcionarios del Comité Ejecutivo General, que incluye asesores sindicales y Consejo General de Vigilancia, 90 integrantes de las comisiones nacionales mixtas, 158 comisionados nacionales y 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del Secretario General del STPRM, así como una serie de gastos con comisiones sindicales.) Los reportes son de 2016 a 2018.

Al respecto, el abogado laboral, Armando Jurado comentó que actualmente hay cerca de 300 delegados sindicales y cada uno cobra entre 40,000 y 80,000 pesos catorcenales.

Además, la página expone información, de 2016 a 2019, sobre la cláusula 251 Bis, por concepto de gastos derivados de los festejos relacionados con el desfile del 1 de Mayo; gastos derivados de los festejos relacionados con el aniversario de la expropiación petrolera y  por gastos de contratación derivados de las revisiones anuales al Contrato Colectivo de Trabajo.

Ello a pesar de que en la versión pública de los contratos colectivos de trabajo de los bienios 2013-2015,2015-2017 y 2017-2019 no aparece esta cláusula, aunque sí está en los anexos.

Al respecto Armando Jurado indicó que el STPRM y Pemex firmaron un contrato de confidencialidad sobre esa cláusula. Aseguró que de ahí salió el dinero para el Pemexgate.

El sindicato también reporta sobre los ingresos relacionados con las cláusulas 169 (para fomento a deportes) y 170 (para banda de guerra) en cifras cerradas anuales correspondientes al periodo de 2017 a 2019, pues fueron dadas de baja en la revisión del Contrato Colectivo de trabajo 2019-2021.

De acuerdo con los reportes en la mencionada página de internet, los ingresos del sindicato de 2016 a 2019 fueron de 1,207 millones 116,242 pesos.

La cuenta sale de los reportes de 2016 a 2018 de los ingresos de la cláusula 251 y 251 Bis y de los ingresos por las cláusulas 169 y 170, pero del periodo 2016 a 2019. Tan solo en 2018 los ingresos fueron de 433 millones 881,934 pesos.

Sin embargo, los trabajadores consultados por este periódico refieren que esas cantidades están muy lejos de reflejar los ingresos reales del sindicato, que son cuantiosamente más altos.

En la misma página, el sindicato informa sobre los pagos que se le hicieron a sus proveedores al ejercer los ingresos de las cláusulas 251, de mayo a diciembre de 2016; los 12 meses de 2017, 2018 y 2019 y de enero a julio de 2020. No da detalles.

También informa sobre los pagos que se le hicieron a sus proveedores al gastar los recursos de la cláusula 251 Bis, de 2016 a 2021, a pesar de que en la sección de los ingresos reporta que en 2019 el monto fue de cero pesos por este concepto y aclara: “Nota: Los ingresos que se recibían por esta cláusula fueron dados de baja derivados de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021” y de que no reporta de cuánto fueron los ingresos por esa cláusula en 2020 y en 2021.

En 2019 reportan gastos por esta partida por 81 millones de pesos y en 2020 más de 31 millones de pesos, pero no reportan ingresos por esa cláusula esos años. De hecho claramente consignan cero pesos en 2019 y de 2020 no hay reporte.

Suma de gastos no cuadra con ingresos

Si se revisan los ingresos y los gastos reportados por concepto de la cláusula 251, se observan inconsistencias. En el año 2018 los ingresos son por 96 millones 270,048 pesos, pero las listas de gastos suman 69 millones 369,464 pesos y no se aclara qué pasó con los más de 26,000 pesos restantes.

En el caso de los ingresos y gastos por concepto de la cláusula 251 Bis, en 2019 no se reportan ingresos, pero se reportan gastos que sumados son más de 67 millones de pesos, mientras que en 2020 tampoco se reportan ingresos pero se “comprueban” más de 37 millones de pesos. De hecho, en ningún año coincide las cifras totales de ingresos y gastos por esa cláusula, ni de la 251.

Sobre situaciones como esta, la excomisionada Kurczyn Villalobos destacó que lo que debe ocurrir es que se debe transparentar perfectamente bien cómo se usa el dinero porque ocurre que recursos que reciben para cierto rubro, por ejemplo, para fomentar el deporte, ocupan una parte para ello y otra parte para otra cosa, sin que se sepa qué.

La página del sindicato contiene una liga que dice “consulta nuestras obligaciones de transparencia (LGT artículo 69)” que conduce al sitio de la plataforma Nacional de Transparencia en el área específica de las obligaciones del sindicato y otra que conduce al buscador de la misma plataforma.

El INAI, mediante la coordinación de la Secretaría de Acceso a la Información y a través de la Dirección General de Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace, realiza la verificación vinculante de los portales de transparencia, con fundamento en lo dispuesto en la Ley General y la Ley Federal de Transparencia relativos a la verificación de las obligaciones de transparencia.

De 2017 a 2018 el STPRM obtuvo una calificación de 0% de cumplimiento, en 2019 de 56.20%, en 2020 fue de 95.75% y en el año pasado de 98.23 por ciento.

STPRM no ha atendido 278 solicitudes de información

Por otra parte, de acuerdo con el INAI, entre 2016 y el 3 de diciembre de 2021, el STPRM acumuló 457 solicitudes de información, de las cuales 449 fueron concretamente de información pública y 8 de datos personales. El sindicato atendió oportunamente 167, dos en exceso al plazo y vencidas tiene 278.

En ese lapso, se han interpuesto 57 recursos de revisión, que es el medio legal con el que cuentan los particulares para impugnar la respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de acceso a la información pública.

El sindicato se resiste a ser transparente, pero comienza a abrirse

Graciela Sandoval Vargas, quien se desempeñó como directora general de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales del INAI, hasta agosto de 2020, explicó que, al principio, el STPRM, se rehusaba a cumplir con sus obligaciones de transparencia, aunque no era el único.

“No consideraba que debería hacer eso y apelaba a su autonomía, incluso tramitó varios amparos para no cumplir con sus obligaciones, pero muchos de ellos le fueron negados”, comentó.

Sin embargo, señaló que, después, comenzó a trabajar para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y a subir información a la Plataforma Nacional de Transparencia.

En ese sentido la excomisionada del INAI, Patricia Kurczyn Villalobos dijo que, al menos hasta el tiempo que fungió como funcionaria de ese instituto “el Sindicato (STPRM) estaba reprobado en todo. Nunca dieron información. Les daba exactamente lo mismo”. Nunca hubo una respuesta al igual que otros sindicatos como el del IMSS, el ISSSTE. Dijo que, al menos hasta 2020, ese sindicato simplemente no respondía.

Por su parte Luis Alvarado, titular de la Unidad de Investigación Jurídica de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), refirió que el sindicato en cuestión ha mostrado resistencias para cumplir con sus obligaciones.

En noviembre de 2018, MCCI denunció ante el INAI al STPRM de incumplir sus responsabilidades ante la ley y, el 13 de febrero de 2019, ese instituto ordenó le ordenó publicar en su portal en internet lo siguiente:

1.-Gastos de representación y viáticos de sus funcionarios

2.-Montos destinados a comunicación social y publicidad

3.-Informes de resultados de las auditorías practicadas,

4.-Todos los contratos, convenios, permisos, concesiones, autorizaciones o licencias celebrados

5.-Relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciba e informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerce.

Alvarado, expuso que, si bien el sindicato tiene un sitio en internet donde expone información, no cumple con todas las especificaciones, ni coloca toda la información que debería poner, además de que no es sencillo acceder a la información.

“Su página en internet sí cumple de manera genérica, pero si tú ya quieres meterte indagar o descargar para analizar lo que debiera estar ahí publicado no está tan sencillo”, expone.

A su vez, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, dijo que los dirigentes sindicales siempre se han amparado cuando les piden rendir cuentas. “Esperamos que ya con este gobierno no existan los amparos para ellos”, sobre todo porque mientras operan con opacidad incurren en enriquecimiento ilícito.

diego.badillo@eleconomista.mx