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Se unen a críticas vs mecanismo
Las 20 organizaciones sociales que componen Espacio OSC, creado para defender a los activistas pro derechos humanos y a periodistas, consideraron que los casos de seis luchadores sociales y tres periodistas que han sido asesinados en lo que va de la administración de López Obrador.
Las 20 organizaciones sociales que componen Espacio OSC, creado para defender a los activistas pro derechos humanos y a periodistas, consideraron que los casos de seis luchadores sociales y tres periodistas que han sido asesinados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador es porque el mecanismo de protección no está funcionando.
El colectivo precisó que el crimen del periodista comunitario Rafael Murúa Manríquez, de Baja California Sur, secuestrado el 19 de enero, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado un día después a escasa distancia de donde desempeñaba su labor, debe ser asumido como un mensaje de los responsables de amagos, porque “había denunciado y solicitado medidas de protección tras recibir amenazas y agresiones en noviembre del 2018”.
En ese sentido, las organizaciones como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Zeferino Ladrillero, Centro Nacional de Comunicación Social, Article 19, Reporteros Sin Fronteras, entre otros, juzgaron que algunos de esos secuestros, desapariciones y homicidios, se deben a “la falta de coordinación entre las autoridades y falta de voluntad política”.
Estos dos últimos aspectos, según informaron a través de Espacio OSC, incrementaron “los riesgos del periodista, quien lamentablemente fue asesinado”, así como en otros casos, como el del ataque a las instalaciones de la radio comunitaria Política y Rockanroll Radio 106.7, la madrugada del pasado 21 de enero, perpetrado por un grupo de desconocidos armados en Hermosillo, Sonora.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República informó que ante la alerta preventiva emitida por autoridades federales y estatales de Baja California, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de captura a un impartidor de justicia federal, por la probable comisión del delito de amenazas en agravio de “un periodista, inferidas a través de un video difundido en redes sociales”.
