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Se van y dejan 31 leyes pendientes
Entre los pendientes queda la expedición de la nueva ley general que establecerá las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La LXII Legislatura del Congreso de la Unión concluirá su ejercicio constitucional el próximo 31 de agosto con una batería de reformas secundarias pendientes que no pudo concretar en las cámaras de Diputados y de Senadores, así como de nuevas leyes reglamentarias derivadas de diversas reformas a la Constitución.
Destaca entre los grandes pendientes del Congreso mexicano la expedición de la nueva ley general que deberá establecer las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que mandata el Artículo 113 de la Carta Magna.
Y es que aunque el Congreso tiene como plazo máximo un año, mismo que termina el 28 de mayo del 2016, el nuevo SNA no podrá entrar en vigor sino hasta que se apruebe la referida ley general, de acuerdo con el decreto que reforma diversos artículos de la Constitución en materia de combate a la corrupción.
En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el segundo transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto , establece el artículo sexto transitorio del referido decreto, promulgado el pasado 27 de mayo.
Están pendientes de expedirse también, en la misma materia, las leyes que regulen la organización y nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
Según el Artículo 73 constitucional, fracción XXIX-V, recién aprobado, los diputados federales y senadores deberán expedir además la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Por lo que hace a la Cámara Baja, entre otros varios pendientes legislativos los diputados federales salientes no pudieron siquiera discutir, y mucho menos aprobar, durante los tres años que duró la actual Legislatura, la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del Artículo 127 constitucional que establece que ningún funcionario público debe tener un salario mayor al del presidente de la República.
