Seguridad privada y federal, para jueces e inmuebles

En febrero pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) licitó contratos en materia de seguridad con empresas privadas, así como con fuerzas del orden público. Con este último sector, el consejo contrató un servicio para la protección y seguridad de servidores públicos por casi 378 millones de pesos.

De acuerdo con el contrato CON/DGRM/DCS/057/2016, se autoriza destinar una cantidad mínima de 247 millones 654,630 pesos y una máxima de 377 millones 455,800 pesos al Servicio de Protección Federal.

Este servicio, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se ocupa de la protección a funcionarios públicos así como de inmuebles. Tiene como función principal proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias, entidades de la administración pública federal, órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten , se indica en su página web.

Esta contratación, se estipula, estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.

Además de la protección a servidores públicos, en el documento sobre contrataciones de servicios publicado por el Consejo de la Judicatura se incluyen contratos para la protección de inmuebles ubicados en los 32 estados de la República Mexicana.

El organismo autónomo indicó que se realizaron 42 contratos de seguridad para inmuebles, de los cuales 23 fueron celebrados con instituciones de seguridad pública. De éstos, el contrato más cuantioso fue el acordado con la Policía Auxiliar del Gobierno del Distrito Federal con el número CON/DGRM/DCS/036/2016. Éste fue celebrado por la por la cantidad mínima de 121 millones 132,360 pesos y máxima por 150 millones 320,650 pesos. Este contrato estará vigente también durante todo el 2016.

Variaciones de personal

Estos servicios, precisaron fuentes de la Judicatura, son en su mayoría para la protección de inmuebles. Asimismo, indicó que existe un monto mínimo y un máximo, debido a que hay variaciones de personal de seguridad durante el año .

Por otra parte, los 19 contratos restantes para proveer seguridad están estipulados con empresas privadas.

El más cuantioso es el número de contrato CON/DGRM/DCS/023/2016. La empresa proveerá servicios de seguridad y vigilancia en el estado de Guanajuato, en los municipios de Celaya, la capital Guanajuato, Irapuato y León y estará vigente durante todo este año.

El monto de este contrato es por una cantidad mínima de 13 millones 173,019 y máxima por 16 millones 574,050 pesos.

El contrato menos valioso, con el número CON/DGRM/DCS/026/2016, fue contraído por la cantidad de 1 millón 167,330 pesos, para el estado de San Luis Potosí, en la localidad de Ciudad Valles, y estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.

Analiza la SEIDO videograbación de crimen

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) analiza el contenido de la videograbación que muestra el momento en que el juez quinto de Distrito y Amparo y Juicios Civiles Federales, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, es ejecutado por un sujeto, vestido de negro, que le da alcance cuando se ejercitaba cerca de su domicilio y le dispara en la cabeza.

El Consejo de la Judicatura condenó la difusión del contenido, ya que infringe la obligada reserva legal de la investigación, compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas, en este caso su familia .

Cabe recordar que la PGR asumió el lunes 17 de octubre la indagatoria del asesinato del impartidor de justicia.

El juez federal, de 36 años, conoció de asuntos relevantes de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, entre ellos de Joaquín el Chapo Guzmán; del líder del grupo criminal los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales Zeta 40; y de Gildardo López Astudillo el Gil, vinculado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros. (Rubén Torres)