Seis riesgos políticos y sociales para México en 2024

Los elevados niveles de inseguridad, principalmente los reflejados en extorsión y homicidio doloso; la ríspida relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el poder Judicial. Completar el pleno de la Sala Superior y áreas relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para estar en condiciones de enfrentar el proceso electoral más grande de la historia del país, el cual ya está en marcha. La intención del gobierno de desaparecer organismos constitucionalmente autónomos. La necesidad de mejorar los servicios de salud, principalmente los dedicados a atender a los mexicanos que no cuentan con seguridad social, y la posibilidad de padecer las consecuencias de cambio climático en forma de desastres relacionados con sequías o entrada de huracanes, son algunos de los riesgos políticos y sociales más importantes para 2024.

Seguridad: Rotas, marcas en homicidio doloso y extorsiones

Generar condiciones de seguridad para los mexicanos es una de las asignaturas pendientes y constituye una de las “papas calientes” que deja el gobierno para 2024.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), pese a las declaraciones triunfalistas de la administración federal, que afirman que ha ocurrido una reducción sostenida de los delitos y la violencia, se han roto los récords negativos de homicidios dolosos, desaparición de personas, extorsiones, narcomenudeo, trata de personas y delitos relacionados con la violencia de género.

Tan solo si se comparan los indicadores de seguridad de los primeros 59 meses de la actual administración, contra los del mismo periodo de las dos anteriores, el homicidio doloso ha crecido 55.8%, respecto del sexenio de Felipe Calderón y 14.8%, respecto del de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Francisco Rivas, director del ONC, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 170,000 víctimas de homicidio doloso (a noviembre de 2023).

Las estadísticas indican que, a octubre pasado ya se alcanzó una tasa de 110 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que, en todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se registró una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que el sexenio del presidente Felipe Calderón, la tasa fue de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El experto destaca que, si a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre de 2024, no ocurriera ningún homicidio, aun así, el actual será el sexenio más violento de la historia del país.

Por su parte Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada consideró que, en materia de extorsión, la delincuencia ha rebasado a las autoridades.

Llamó la atención que se estima que alrededor de 97% de ese tipo de delitos no se denuncia.

Ante esa situación, dijo que es necesario fortalecer las estrategias para combatir ese delito, particularmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda e, incluso, involucrar en la solución, a la Coordinación Nacional Antisecuestro, generando garantías para las víctimas.

Asimismo, fortalecer las estrategias para detener el tráfico ilegal de armas y la investigación de delitos.

Para Francisco Rivas, lo relevante es que falta estrategia, acciones, resultados y presupuesto suficiente para atender ese problema público.

Estimaciones del ONC, señalan que para revertir el rezago presupuestal en materia de seguridad pública y justicia (y sólo para tener los niveles que se tenían en 2018), se necesita agregar al gasto ya programado para 2024, al menos 225,000 millones de pesos.

Desaparecidos, otra deuda pendiente

Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil aseguran que en México hay más de 140,000 personas desaparecidas; sin embargo, el gobierno federal asegura que son 12,000.

Al respecto Francisco Rivas destaca que el gobierno no reconoce 46,000 personas desaparecidas durante la presente administración federal, que son más de las que desaparecieron en los dos sexenios anteriores.

El pasado 14 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que hay poco más de 62,000 registros de desaparecidos de los que no se dispone de datos suficientes para identificaros o buscarlos.

Poder Judicial: Relación del Ejecutivo con la SCJN, causa encono

Las tensiones entre el poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el nombramiento de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las precarias relaciones entre magistrados de la sala superior de esa institución, constituyen otro de los riesgos políticos para 2024.

Desde principios del año en curso la consultora Integralia consideró entre su lista de 10 riesgos políticos para 2023 la relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial.

Eso, debido a que ese centro de análisis estratégico identificó que el Ejecutivo federal mantenía los ataques contra el Poder Judicial de la Federación con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para el presidente, como la reforma electoral, la militarización, las políticas de “austeridad”, el magisterio educativo, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica.

Así como ocurrió con el Instituto Nacional Electoral (INE) en los primeros años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, libra hoy una batalla contra el poder Judicial, a quien lo acusa de casi todas las dificultades que ha enfrentado su administración, para generar buenos resultados.

El episodio con el que cerró en 2023 ese encono fue la designación directa de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ante el rechazo de la oposición en el Senado (en dos intentos) para aprobar a alguna de las propuestas del presidente, por considerar que se trataba de personas muy cercanas al presidente López Obrador y por lo tanto se dudaba de que serían independientes a la hora de ejercer sus funciones en un poder que constituye un contrapeso al poder Ejecutivo, el mandatario terminó decidiendo quien sería la nueva ministra.

La oposición en el Senado dejó que el presidente de la República cargara con el estigma de haber designado de manera unilateral a alguien que no contó con la aprobación de la oposición, aunque su designación cumpliera con los requisitos legales.

Pero ese, es tan solo uno de tantos episodios de rispidez entre ambos poderes. Una señal del mal estado que guarda la relación es el hecho de que el presidente no acudió a la presentación del primer informe de labores de la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, ocurrido el 14 de diciembre pasado.

Es la primera vez, desde la reforma judicial de 1995, que un presidente de la República, en su carácter de titular del poder Ejecutivo, no acude al informe del titular del poder Judicial.

Pero, eso no es el único frente delicado entre el gobierno federal y sus seguidores en el Congreso de la Unión contra el Poder Judicial.

Concluyó el periodo de sesiones de la legislatura federal y no solo no se designaron a los dos magistrados faltantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino que se descartó un periodo extraordinario para ello en el Senado de la República.

Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en febrero de 2024, cuando se continue con el proceso de nombramiento hoy en pausa.

Además, es necesario que el Senado designe a los magistrados en cinco salas regionales y uno de la Sala Especializada.

Todo ello, a pesar de que ya inició el proceso electoral más grande de la historia del país, el 2 de junio próximo, en donde se renovarán la presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federal, nueve gubernaturas, además de una serie de legislaturas locales y presidencias municipales.

Por si algo faltara, hace unos días renunció a la presidencia del TEPJF el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, luego de que tres de sus compañeros exigieron que dejara el cargo “por pérdida de confianza”. En su lugar quedó la magistrada Mónica Soto Fregoso. La crisis en esa institución no terminó con el año.

Órganos autónomos: AMLO quiere acabar instituciones de control constitucional en 2024

El pasado 11 de diciembre, días después de que el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro declaró que el llamado bloque de contención en el Congreso de la Unión “está muerto”, el presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció que, antes de que concluya su gobierno (septiembre de 2024), enviará al Congreso una iniciativa de reforma administrativa ─cuya aprobación requiere mayoría calificada─ para desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos.

Se trata de una intención que mantiene el presidente desde el inicio de su gobierno, la cual se reavivó, debido a que el mandatario federal vio abrirse una coyuntura con el episodio en el que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda decidió renunciar a la precandidatura única a la presidencia de la República de MC (ante la negativa de PRI y PAN en el congreso local de aprobar un gobernador interino a modo del ahora exaspirante), lo cual terminó con la estrategia trazada por la dirigencia nacional emecista y que motivó el anuncio de su dirigente de salirse de la alianza legislativa con PRI, PAN y PRD, la cual ha evitado que prosperen las intenciones del presidente de cambiar la constitución en diferentes iniciativas prioritarias para su gobierno.

Aquel miércoles 11 de diciembre, el presidente dijo: “Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están a servicio de las minorías: cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares”.

Se consideran órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano a el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el presidente ha manifestado su incomodidad también con los órganos reguladores en materia energética, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Diversos organismos sociales como el Consejo Coordinador Empresarial han manifestado su preocupación por el intento de desaparecer organismos constitucionalmente autónomos.

Días después del anuncio del presidente, esa organización empresarial destacó que los órganos autónomos constitucionales fueron creados con el propósito de desarrollar funciones específicas y especializadas del Estado mexicano y desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos, la transparencia, la regulación y la competencia económica.

Migración: Crisis humanitarias en las fronteras, reclaman atención

La migración irregular es uno de los problemas que, no solo siguen sin resolución, sino que se incrementan y se apresta a ser uno de los principales asuntos de la agenda pública en 2024, debido a que las fronteras del país, tanto la norte, como la sur enfrentan una situación de emergencia humanitaria.

De acuerdo con cifras de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), de enero a noviembre de 2023 esa institución atendió 136,935 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado, cuando en todo 2022, fueron 119,304. Eso significa un incremento de 14 por ciento. En nada se comparan con las 1,296 solicitudes que se procesaron en 2013.

74% de las solicitudes de asilo procesadas en México de enero a noviembre de 2023, son de personas originarias de Haití, Honduras y Cuba.

Entre 2013 y 2018, es decir durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se atendieron 59,742 solicitudes, mientras que, de 2019 a noviembre de 2023 ya van 497,060, lo que significa una variación de 732 por ciento.

Lo grave del asunto es que, durante prácticamente todo el año, el considerable incremento en la llegada de migrantes a la frontera sur del país generó una situación delicada, sobre todo por el incremento de los peligros para los desplazados, por la espiral de violencia, ocasionada por la feroz disputa por el control de la frontera con Guatemala, protagonizada por el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante años, el CDS había controlado la ruta para el trasiego de drogas del Pacífico, una de las cuatro que conectan al sur del país con Estados Unidos.

EL CDS controla la zona centro de la frontera de Chiapas con Guatemala, en La Trinitaria y Frontera Comalapa, así como la franja costera que va desde Suchiate hasta Tonalá.

Sin embargo, desde el año 2022, llegó a Chiapas el CJNG y arrebató a los sinaloenses el control de algunos municipios del sur de la entidad y ahora le disputa esa región.

Si bien, el tránsito de migrantes a lo largo de la ruta que va hacia el norte del país se ha convertido en un grave problema público, en el norte del país ha generado situaciones delicadas, sobre todo en Tijuana y Ciudad Juárez, donde no solo permanecen las personas que van llegando desde el sur, sino los mexicanos y extranjeros que cruzan al territorio estadounidense y son regresados a suelo mexicano.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante el año fiscal 2023, que va de octubre de 2022 a septiembre de 2023, se registraron 3.2 millones de detenciones de migrantes que pretendieron ingresar a ese país sin documentos, lo cual marca un récord. El año fiscal anterior fueron 2.7 millones y en 2021 fueron 1.9 millones.

Salud: Un sector que le duele a México

Luego de los estragos de la epidemia de la Covid-19 en la población, los cambios en las políticas públicas para atender a los mexicanos que no cuenta con seguridad social, así como el desabasto de medicamentos registrada en los últimos años, el sector salud representa uno de los sectores que atraerán más la atención este 2024.

De acuerdo con el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, casi 70 millones de mexicanos, o no están afiliados a una institución de seguridad social de salud o no los usan y se asume que es por los malos servicios.

Dijo que, si se consideran los resultados de los programas de servicios de salud, si bien durante los seis años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se habrán canalizado más de tres billones de pesos del presupuesto para el sector, hay resultados muy malos, pues la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición demuestra que, por ejemplo, la mayoría de las personas con diabetes no están debidamente controlados y muchas de ellas no saben siquiera que la padecen.

Además, se encontró que hay un número relevante de personas con hipertensión que no están siendo controladas adecuadamente y que las proporciones de niños, jóvenes y adultos con sobrepeso va en aumento.

Si a eso se suman los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado hace unos días, en el sentido que la mayoría de sus finanzas están verdaderamente apretadas por cinco enfermedades crónico-degenerativas y que la proporción del gasto de los hospitales para atenderlas pasó de 10% a 17% en los últimos cuatro años, es evidente la presión que tienen las instituciones del sector.

Por otra parte, llamó la atención en que los programas de vacunación cayeron a alrededor de 28 por ciento.

Indicó que, de los 960,000 millones de pesos de presupuesto que se destinan a los servicios de salud, alrededor de 700,000 millones se destinan a instituciones de seguridad social.

Asimismo, expuso que, antes, con el Seguro Popular se ofrecía un paquete explícito de servicios de salud con pólizas y que eran exigibles y había un paquete de servicios en dos grandes grupos: un paquete dirigido a los menores de cinco años con alrededor de 154 enfermedades contempladas y un paquete para atender a más de 170 enfermedades que protegía contra gastos catastróficos. Ahora, indicó, aunque se dice que con los servicios del IMSS – Bienestar se cubre todo, no existe la seguridad de ello.

Recordó que los recursos del fideicomiso para gastos catastróficos también servían para infraestructura.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2018, 16.2% de la población tenía carencia de servicios de Salud y, en 2022, ese indicador subió a 39.1 por ciento.

En tanto las instituciones de salud administradas por la Secretaría de Salud, otorgaron en 2018 97.6 millones de consultas y para 2022 el número bajó a 51.1 millones.

Calentamiento global: Desastres a consecuencia de cambio climático

Las altas probabilidades de que ocurran en México desastres ocasionados por fenómenos naturales, como consecuencia del calentamiento global y cambio climático, constituyen uno de los riesgos que deben tomarse en cuenta para este año que inicia. Acapulco pudo haber sido una sonora llamada de atención al respecto.

De hecho, en su primer evento público de este año, la presidenta municipal de esa ciudad y puerto que padece el desastre que ocasionó el huracán Otis el 24 de octubre pasado, Abelina López Rodríguez recalcó a sus gobernados que, ese puerto del Pacífico mexicano, puede volver a padecer un evento como ese.

Atender el asunto implica no solo estar preparado para evitar y atender los daños causados por fenómenos naturales como ciclones tropicales, sequías agudas como las padecidas en buena parte del territorio nacional durante los últimos años, que se han traducido en serios problemas para el abasto de agua potable para consumo humano y al sector agropecuario, sino la tarea que debe hacer México y el mundo para contrarrestar el incremento de las temperaturas del planeta y los desequilibrios del clima.

Al respecto, la organización de la sociedad civil, Iniciativa Climática México destaca que, desde la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en el año 2012, México ha mostrado un notorio avance en el ámbito normativo e institucional relacionado con una política climática, entre los que destacan, la Estrategia hacia mediados de siglo y la reforma a la LGCC en 2018, que incorpora los objetivos del Acuerdo de París, en el sentido de mantener el aumento de la temperatura promedio global por debajo de los 2°C, con respecto a los niveles preindustriales, y con miras a limitarlo a 1.5°C. 

Además, se incorporaron los conceptos y metas contenidos en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), cuya meta es reducir, de manera incondicional, el 25 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta a un nivel menor al de un escenario tendencial para 2030. 

La organización destaca que este compromiso implica reducir las emisiones de GEI 22 % y  51 % para el carbono negro y alcanzar el pico de emisiones en el año 2026. 

No obstante, durante el periodo 2013-2017, el esfuerzo de mitigación de la Administración Federal y de las Entidades Federativas alcanzó para 2017, la reducción de 30.9 toneladas métrica equivalente de dióxido de carbono (MtCO2e) y considerando los esfuerzos del sector privado se logró una disminución de 70MtCO2e anuales, lo que está aún lejos de la mitigación necesaria para el cumplimiento de las metas al 2018 establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático (2012-2018), correspondientes a 83.2 MtCO2e cada año.

Lo relevante del asunto es que, de acuerdo a la última actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero en 2018, México emitió 683 millones de toneladas de CO2e donde, el sector de energía (que incluye transporte y generación eléctrica) aportó 70% de las emisiones; los procesos industriales y uso de productos 8%; uso de suelo y silvicultura 10%; y residuos 7 por ciento.

Para Iniciativa Climática México, un paso decisivo para hacer frente al cambio climático, implica ampliar la participación de las energías renovables en la matriz energética y acelerar la descarbonización del sector transporte. Sin embargo, se necesitan esfuerzos de mitigación más ambiciosos en todos los sectores para reducir las emisiones del país y alinearlas a una trayectoria compatible con la trayectoria de 1.5°C.

diego.badillo@eleconomista.mx