Oposición en el Senado ratifica voto en contra de la reforma judicial

Ante los rumores de que legisladores del PAN, PRI o MC pueden ser convencidos por Morena de votar a favor de la reforma judicial o ausentarse el día de la votación para facilitar la aprobación que requiere del equivalente a dos tercios de los senadores presentes, los 43 legisladores opositores (22 del PAN, 15 del PRI, más Manlio Fabio Beltrones y cinco de MC) manifestaron por distintas vías su compromiso de sufragar en contra.

Alejandro Moreno, senador del PRI y presidente nacional de ese partido, aseguró que ha habido ofrecimientos de “cañonazos millonarios” a sus correligionarios y presiones para votar a favor, pero no se atrevió a dar nombres.

La discusión se centra hoy en si son 85 u 86 los senadores que se requieren para aprobar la reforma constitucional del Poder Judicial, es decir los dos tercios de votos en caso de que estén presentes los 128 legisladores que integran la Cámara Alta el día de la votación.

Juntos, Morena, PT y PVEM suman 85 senadores.

Sin embargo, en días pasados diferentes líderes tanto de Morena como de sus aliados en la Cámara Alta sostuvieron que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma que busca, entre otras cosas, que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.

Bajo este contexto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y estudiantes de Derecho que protestan en contra de los cambios a este poder solicitaron a los 43 legisladores de oposición que mantengan su postura.

Cambio de sede

El Pleno de la Cámara de Senadores fue informado de manera formal de la recepción de la minuta de reforma constitucional del Poder Judicial que la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles.

“Antes de pasar al siguiente asunto, informo a la asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

“Con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General y 176 del Reglamento del Senado de la República, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el día de ayer, 4 de septiembre, y desde ayer mismo se encuentra publicado en la Gaceta (Parlamentaria)”, afirmó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Durante la sesión ordinaria del pleno cameral realizada en la antigua sede senatorial de Xicoténcatl 9, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, debido a que los legisladores no pudieron entrar a la sede de Reforma e Insurgentes por los bloqueos de calles y manifestaciones de trabajadores del PJF y universitarios que protestan contra la reforma judicial, la priista Claudia Anaya, secretaria de la Mesa Directiva, cuestionó la legalidad de la convocatoria a sesionar fuera del recinto legislativo.

“Esta sesión fue convocada únicamente por el presidente del Senado, sin acuerdo de la Mesa, tal cual marca el Reglamento. Me preocupa que todo lo que aquí se vote carezca de validez, porque finalmente ésta parece ser una sesión apócrifa, a razón de que todos los artículos del Reglamento marcan que, por acuerdo de la Mesa o por acuerdo de la Mesa y la (Junta de Coordinación Política) Jucopo, se puede cambiar de salón de sesiones”, afirmó.

Fernández Noroña reviró que “es legal y legítima mi convocatoria”.

Y recordó que en la sesión pasada el pleno cameral aprobó el acuerdo que autoriza cambiar de sede.

La intención de cuidar la legalidad del proceso legislativo al desahogar la posible aprobación de la reforma judicial radica en que violarlo dará a la oposición elementos para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a impugnar los pretendidos cambios constitucionales, como ya anunció que lo hará, vía la presentación de acciones de inconstitucionalidad.

Consulta dentro de la SCJN

Por otro lado, la presidenta de la SCJN y del PJF, Norma Piña, pidió que los ministros que integran el máximo tribunal constitucional del país determinen si está entre sus facultades ordenar la suspensión del proceso legislativo que realiza el Congreso de la Unión para aprobar la reforma del Poder Judicial, hasta en tanto el pleno de la Corte se pronuncia de fondo sobre el tema, como le demandó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).

El asunto fue turnado a Lenia Batres, quien está a favor de la reforma judicial, para confeccionar el proyecto que sería discutido por el pleno de la Corte la próxima semana.

Solicitan intervención de CIDH y ONU

En tanto, 820 juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito solicitaron una vez más al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervengan ante la reforma judicial en curso.

Mediante un comunicado, los juristas solicitaron a estos organismos internacionales, que en el marco de sus mandatos, soliciten al gobierno mexicano que “suspenda el trámite de la enmienda, o en su caso, suspender su ejecución”.

De igual manera, recordaron que esta reforma es violatoria a los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales son tratados obligatorios para México.

“Más allá de posturas ideológicas, lo que está en juego es la estabilidad democrática, jurídica, política y económica de nuestro país. La gravedad y urgencia de esta situación está claramente acreditada en los escritos que presentamos ante los referidos organismos internacionales”, manifestaron los jueces.

Asimismo, señalaron que los cambios al Poder Judicial, propuestos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, generarán enormes e irreversibles daños a la “ya de por sí frágil democracia” mexicana.

“Pero también afectará irremediablemente nuestra posición económica ante el mundo y que traerá condenas internacionales y descrédito para nuestra Nación”.