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Servicios básicos y seguridad, con costo para reclusas
Según un informe de la dependencia, las internas desembolsan dinero para tener acceso a los servicios que la prisión debería ofrecer gratuitamente.
Las mujeres que están en prisión en alguno de los centros de reclusión de la República Mexicana deben pagar a otras internas o al propio personal de la prisión por servicios básicos y garantizar su integridad física, evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana , de la CNDH, las internas desembolsan dinero para tener acceso a los servicios que el establecimiento debería ofrecer de forma gratuita o quedar exentas del cumplimiento de sus obligaciones.
La CNDH detectó también la existencia de privilegios en virtud de los cuales algunas estancias cuentan con aparatos electrónicos, entre los cuales se observaron televisores de pantalla plana, hornos de microondas, refrigeradores e incluso teléfonos celulares.
El trabajo -resultado de una investigación realizada por la CNDH durante los meses de febrero y marzo del 2014, periodo en el que visitó 77 de los 102 establecimientos penitenciarios- revela asimismo que, a través de encuestas anónimas aplicadas, las reclusas reportan quejas de diversos actos de maltrato físico y psicológico, tales como amenazas y golpes, así como humillaciones y tratos discriminatorios infligidos por el personal directivo, técnico y/o de custodia.
La pesquisa registra, incluso, que en el centro de reclusión de Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, varias internas encuestadas indicaron que fueron víctimas de abusos de tipo sexual.
El documento reporta que en 51 centros se detectó que la mayoría de los espacios destinados a las mujeres no cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar a las internas una estancia digna y segura, debido a que presentan deficiencias como falta de planchas para dormir y colchonetas, mantenimiento de los servicios sanitarios y de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de drenaje, así como en pisos, paredes y techos.
Durante las visitas que realizó la comisión a 38 centros se tuvo conocimiento de internas que ejercen control sobre otras, así como la realización de alguna o varias actividades propias de la autoridad, tales como la asignación de estancias, vigilancia, mantenimiento del orden, aplicación de sanciones disciplinarias, distribución de alimentos, tareas de limpieza, organización de actividades laborales, educativas o deportivas; el acceso al servicio médico, la visita familiar e íntima, así como el uso de teléfonos públicos, entre otros aspectos.
La CNDH observa que el sistema penitenciario en el país no atiende la gran mayoría de estos casos de manera adecuada.
